En 2010, cuando se reformó la institucionalidad ambiental del país, además de crear el Ministerio de Medio Ambiente, también se crearon la Superintendencia y tres Tribunales Ambientales, ambos como entes fiscalizadores.
Este último debe resolver controversias ambientales, previo agotamiento de las vías administrativas y se tenía pensando uno en Valdivia, otro en Santiago y el último en Antofagasta, el cual lleva tres años de retraso en su formación, según publica La Tercera.
La situación es especialmente compleja para aquellas regiones con fuerte actividad minera. A falta de tener su propio organismo, deben resolver controversias en la sede de Santiago lo que ralentiza la resolución de conflictos.
El tribunal se conforma por tres ministros titulares y dos suplentes, los que antes de ser designados deben pasar por el Sistema de Alta Dirección Pública, la Corte Suprema, la Presidencia y el Senado. “En el caso de Antofagasta, las quinas ya fueron enviadas por la Corte Suprema a Presidencia, el 16 de septiembre de 2014 y el 4 de marzo de 2015, por lo que solo resta la gestión política de Segpres de designar a los ministros para que sean ratificados por el Senado”, explicó Ricardo Irarrázabal, vicedecano y profesor de derecho ambiental de la UC.
Para Flavia Liberona, de Fundación Terram “muchos de los postulantes quedan inhabilitados, pues no cumplen con un currículo mínimo o bien han sido abogados de las mineras u otras empresas que se emplazan en esa parte de Chile”.
Consultados al respecto, desde la Segpres indicaron que buscan “alcanzar los más amplios acuerdos posibles, a fin de generar consensos que permitan nominar a las personas más idóneas para desempeñar un cargo de esa responsabilidad”.
