Mientras el SII no ejecute plenamente su rol de fiscalizar, y mientras sus autoridades no se comporten a la altura de su cargo, cualquier discurso contra la evasión será letra muerta. La autoridad moral del servicio está en juego.
El proyecto arrastra el mismo defecto que la gratuidad: asfixia financieramente a las instituciones de educación superior. Los aranceles regulados están fijados por debajo del costo real de los programas y la restricción del crecimiento de matrícula ha dejado a muchas universidades al borde del estrés financiero. Con el FES, este esquema se extiende a todos los deciles, incrementando el déficit institucional y amenazando gravemente la autonomía universitaria.
Mientras las personas pierden su empleo o se refugian en trabajos precarios, los rostros políticos responsables de muchas de las decisiones que hoy encarecen contratar en Chile están, curiosamente, en plena campaña para llegar a La Moneda.
El Partido Comunista decide avanzar hacia La Moneda con su flamante carta presidencial. Una candidata que, con sonrisa amable y discurso moderado, intenta convencer al electorado de que esta vez será distinto. Pero que no nos engañe el carisma: bajo la imagen cercana y dialogante, subsisten las mismas convicciones ideológicas de siempre.
El Banco Central cumple su rol. Advierte con datos, calibra riesgos, propone escenarios. Pero sus llamados caen, una vez más, en oídos sordos. En un país donde las decisiones políticas se toman al ritmo de las redes sociales, la evidencia técnica parece haber dejado de importar.
El Estado no le pertenece al gobierno de turno, y mejorarlo es una tarea que resulta ineludible para restablecer la confianza, la probidad y la buena administración de los recursos públicos.
Esta cuenta pública fue una oportunidad perdida. Lejos de ofrecer un cierre de ciclo con altura de miras, el presidente prefirió reafirmar su relato frente a los propios, mostrando un triunfalismo vacío de contenido e ignorando la responsabilidad histórica de liderar para todos.
El IPS ha estado involucrado en episodios que revelan serias deficiencias internas en control y probidad, no quedando exento del escándalo de las licencias médicas fraudulentas que se utilizaban para viajar fuera de Chile.
A menos de un año de completar su mandato, el Gobierno del presidente Boric parece decidido a consolidar un legado donde los errores no solo son frecuentes, sino que son sistemáticamente minimizados. El daño que esto provoca no se limita a su evaluación política, sino que erosiona la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Nuestro país merece claridad y honestidad en las decisiones de política fiscal, sobre todo frente al cuestionable desempeño de quienes hoy están a cargo de la billetera del país. Así, la supuesta renuncia a la reforma tributaria no es más que una renuncia “a medias”.