La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione por colusión a las empresas de transporte de valores Brinks, Prosegur, Loomis y contra sus ex ejecutivos principales, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
De acuerdo con la FNE, el inicio del acuerdo se remonta, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya coordinaban los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones. A este acuerdo se plegó Loomis en diciembre del mismo año.
La Fiscalía precisó que sus coordinaciones incluyeron viajes a Chile de los ejecutivos extranjeros para reunirse con competidores, así como intercambio de planillas Excel con registros de precios y negociaciones de tarifas, para definir conjuntamente los precios de sus servicios y un nuevo esquema tarifario.
Así, la FNE pidió al TDLC que aplique a sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de US$ 72 millones. Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s, por 39.325 UTA, (US$ 34,7 millones) y para Prosegur, por 33.253 UTA (US$ 29,37 millones). Para Loomis, la FNE pidió una sanción económica de 8.314 UTA, equivalente a US$ 7,3 millones.
Además, solicitó que se incluya a los ex ejecutivos Alberto Bálsamo Barreiro (Brinks) con 149 UTA (US$ 131 mil), Marco Malverde Muñoz (Prosegur) con 134 UTA (US$ 118 mil), y Cristián Catalán Jerez (Loomis) con 114 UTA (US$ 100 mil).
Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, también se pidió sancionar a los ex jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 153 mil) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 107 mil).
