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21 de Septiembre de 2018

Alcalde de Santiago valora proyecto de ley Aula Segura: “Hoy es muy difícil expulsar”

Felipe Alessandri aplaudió la medida y destacó que ésta se justifica debido a que "lo que hemos visto en las últimas semanas supera completamente a los manuales de convivencia que era la herramienta que teníamos para poder canalizar este tipo de actitudes".

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Este jueves el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley “Aula Segura”, que busca entregarle mayores herramientas a los directores de los colegios al momento de enfrentar actos de violencia. De esta forma, la iniciativa les permitiría a los directores expulsar o cancelar la matrícula a los alumnos que participen en acontecimientos catalogados como graves.

En este escenario, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en conversación con Tele13 Radio, explicó que la medida responde a que “lo que hemos visto en las últimas semanas supera completamente a los manuales de convivencia, que era la herramienta que teníamos para poder canalizar este tipo de actitudes”.

Al ser consultado sobre a qué se refiere el proyecto con hechos “graves”, el edil hizo referencia a los sucesos que han tenido lugar durante los últimos meses. “Hemos visto que han rociado con bencina a profesores, a inspectores generales, han amenazado con un gollete de una botella a una profesora, han ocupado napoleones, hemos encontrado más de 50 o 100 bombas molotov que se han lanzado a la calle, a carabineros, y ese tipo de actitudes amedentra, asusta, aterroriza no solo a la comunidad escolar, sino que también a quienes ejercen la labor educativa, que son los profesores, y para poder educar a los alumnos yo creo que -por lo menos- tenemos que asegurarle la tranquilidad”.

Es que, según el alcalde, hoy “es muy difícil expulsar”, tanto así que “en la práctica hay una impunidad, y si nos vamos por el derecho mismo habría una sensación de impunidad, porque efectivamente se puede lograr la expulsión, pero es muy complejo. Y la justicia para ser tal tiene que ser oportuna, y acá no se está dando eso”.

En vista de ello, “nosotros, junto a la ministra, determinamos tres o cuatro casos de actitudes muy violentas que permitan una expulsión, salvaguardando el debido proceso, pero con procesos muchos más cortos; de cinco días, en donde el alumno es suspendido de clases y tiene que esperar en su casa el proceso, y después él también puede apelar y se le garantiza un debido proceso, pero se le separa del aula, y en un proceso de 5 días y no de 45”, explicó Alessandri.

A modo de ejemplo, el edil mencionó a los colegios particulares, en los cuales ante un hecho como los ya mencionados la expulsión es inmediata, y que es justamente lo que se buscaría con este proyecto, para así asegurar la tranquilidad y que quienes quieran estudiar lo puedan hacer sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de detractores, siendo uno de ellos el alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, quien señaló a La Tercera que “esta ley de Aulas Seguras es un poco violenta. En definitiva lo que se está haciendo con las expulsiones inmediatas es que el alumno, en este caso, no tendría derecho a apelación”.

A esto, el edil de Lo Prado agregó que “debería existir algún equipo psicosocial que pudiera hacerse cargo en forma permanente de estos temas. Incluso de la prevención, porque nosotros apuntamos hacia allá. Más violencia es insuficiente para poder hacerse cargo de estos temas”.

Pero para el alcalde de Santiago, las palabras de Ríos se justificarían porque “seguramente no ha visto y no ha vivido en carne propia la violencia que hemos visto estos últimos años en los colegios de Santiago. Muy por el contrario, se salvaguarda el debido proceso, no es más violencia, sino que lo que garantizamos nosotros es que la continuidad del servicio educativo se pueda dar en los establecimientos”.

Además, “con la Seremi de Educación y el mismo ministerio, nos hemos preocupado de que esos alumnos no queden sin colegio, por el contrario, hay que reubicarlos en otro establecimiento para asegurarles su derecho a la educación también, junto a un acompañamiento integral y a la familia, porque algo debe estar pasando por esa familia y por ese joven que lo lleva a cometer hechos tan violentos”, añadió Alessandri.

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