La derecha va a Contraloría para anular acuerdo del gobierno con el Movilh por matrimonio igualitario

Fue el 11 de junio de este año cuando el director de Derechos Humanos del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, anunció que el gobierno llegaba a un acuerdo con la mencionada organización para terminar su demanda en contra del Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El motivo de este libelo apuntaba a que en Chile no existe aún matrimonio igualitario, y se generó a partir de un requerimiento de tres parejas del mismo sexo, que no pudieron casarse en el Registro Civil, o tampoco podían hacer valer su matrimonio celebrado en el extranjero. Finalmente esto fue rechazado por las diversas instancias judiciales en Chile, precisamente por no haber existido en ese momento legislación que hiciera válidas ese tipo de uniones. Por ese motivo se generó la presentación legal ante el organismo internacional de Derechos Humanos.

El acuerdo al que llegó el Movilh con el gobierno desactivaba la ofensiva legal, y de paso establecía una serie de compromisos para el Ejecutivo, que incluían, entre otras cosas, una modificación a la Ley Zamudio, el reconocimiento del matrimonio igualitario, el reconocimiento de hijos de parejas del mismo sexo, e impulsar la ley de identidad de género, entre otras cosas.

A juicio de los diputados de la UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, junto con el legislador independiente, José Antonio Kast, el mencionado acuerdo sería contrario a derecho, por lo que ingresaron un escrito a la Contraloría General de la Republica para que se declare ilegal el “Acuerdo de Solución Amistosa Caso P 946-12”.

“Cuando uno ve el acuerdo de solución amistosa se da cuenta de que el Estado pasa a llevar una sentencia de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, que requeridos por una solicitud de tres parejas homosexuales que se presentaron ante el Registro Civil para que los casara, recurrieron de protección por eso”, indica a El Dínamo el diputado José Antonio Kast, para quien el acuerdo al que se llegó con el Movilh, para desactivar la demanda, “es el reflejo de que los Derechos Humanos en Chile se miran desde el punto de vista partidario y no institucional”.

Kast especifica, tal como consta en el escrito ingresado en esta mañana a la Contraloría, que el mencionado acuerdo, como acto administrativo emanó de los ministros de Relaciones Exteriores, Secretaría General de gobierno, Educación, Mujer y Equidad de Género, de Salud, de Justicia y Derechos Humanos, junto con un el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Ellos no tienen atribuciones para llegar a esa especie de transacción. Entonces lo que estamos planteando a Contraloría, como estos ministros no tenían facultades para llegar este acuerdo, el acto administrativo no tiene valor alguno. Y si el gobierno quiere hacer algo en esa línea tiene que ir al Congreso. No hay problema que envíen ley de adopción para matrimonios homosexuales, o que se fomente el matrimonio homosexual, pero esa es la vía institucional que ellos no pueden saltarse”.

A juicio de Kast, con este acuerdo se pasan a llevar las leyes de Chile. “El Estado se debiera defender ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto ocurrió antes de que se discutiera el fondo del asunto. El Estado se entregó, se dejó ganar. Y yo, lo que veo siempre, como el Consejo de Defensa del Estado, es que Chile no se deja ganar, y a nivel internacional no se debe dejar ganar. O sea ¿Qué pasaría con el tema Chile-Bolivia, si los ministros deciden entregar el Silala a Bolivia? Es lo mismo”, a juicio del parlamentario.