La respuesta del Directorio del Museo de la Memoria a Magdalena Krebs

“La tarea del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos es promover una conciencia pública acerca de las violaciones masivas, sistemáticas y prolongadas a esos derechos acaecidas entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1990, que es el período cubierto por las investigaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación,  cuyos resultados se conocen como el Informe Rettig”.

Este es el primer punto de la declaración pública dada a conocer hoy por los directores del Museo de la Memoria a raíz de la polémica que abrió la directora de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam), Magdalena Krebs, quien criticó la entidad por, según ella, obviar el contexto de los hechos acontecidos tras el 11 de septiembre de 1973.

La declaración de cinco puntos es firmada por María Luisa Sepúlveda, Presidenta Directorio; María Eugenia Rojas, Secretaria; Arturo Fontaine, Tesorero; Gastón Gómez; Milan Ivelic; Fernando Montes; Claudio Nash; Enrique Palet; Carlos Peña; Daniel Platovsky; Margarita Romero; Marcia Scantlebury; Agustín Squella y Carolina Tohá. 

En la misiva el directorio aclara también que “esa toma de conciencia que el Museo promueve no tiene un propósito político,  sino moral: transformar el respeto a los derechos humanos en un imperativo categórico de nuestra convivencia, es decir, en un deber de todos y cuyo cumplimiento ninguna circunstancia podría atenuar o debilitar”.

Añade que la “tarea del Museo, en consecuencia, no es historiográfica ni jurídica. Su propósito no es entregar información acerca de las causas que condujeron a esas violaciones o contextualizarlas, ni, tampoco, formular imputaciones individuales de responsabilidad, sino promover la idea que, con prescindencia de las circunstancias, ese tipo de hechos no deben ocurrir nunca más en nuestro país”.

Los 14 miembros del directorio del Museo aseguran también que confían que sus actividades y muestras -que cuentan con apoyo estatal atendido el interés público de sus actividades- interpelen a la ciudadanía y, por esa vía, promuevan en nuestra esfera pública un debate y un diálogo reflexivo acerca del respeto de los derechos humanos.