Otra más: presentan nueva querella contra controladores del grupo Penta, ahora por asociación ilícita criminal

El panorama de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, se puso aún más negro. Además de estar imputados por delito tributario y soborno, razón por la que serán formalizados este 4 de marzo, ahora se les sumó una nueva querella en su contra por los delitos de asociación ilícita criminal, estafa y apropiación indebida reiterada.

La acusación, que también apunta al ex director del holding, Hugo Bravo, y uno de los socios del grupo, Horacio Peña, fue presentada este viernes 23 de enero en el octavo juzgado de garantía por Giorgio Marino Andrade, abogado de Jorge Charbin Lautaris, socio minoritario de la vidriera de Penta, PH Glass.

La querella a la cual tuvo acceso El Dínamo, plantea que el grupo funcionaba como una “organización cuyo plan criminal es el enriquecimiento desmedido mediante la comisión de distintos delitos”.

Los orígenes de esta querella se encuentran a principios de los 2000. Según señala el documento, por entonces Jorge Charbin tenía una empresa familiar, Vidriera La Argentina S.A, que al mes facturaba 800 millones de pesos y tenía 140 empleados.

En 2002, Charbin comenzó a  considerar la concreción de una de sus máximas aspiraciones: internacionalizar la empresa. Para eso, debía buscar algún socio interesado en invertir en capital y poner su “espalda financiera” para generar este crecimiento. Es así, como a través de la firma de Consultores Deloitt and Touch, llegó a un grupo de interesados: el holding Penta, a través de su compañía Penta Capital de Riesgo, quienes buscaban “empresas productivas para potenciarlas y luego venderlas”.

Según relata la querella el Grupo Penta, que a esas alturas ya manejaba activos por más de 10 mil millones de dólares, propuso luego de un año y medio de negociaciones el siguiente plan: formar una nueva sociedad llamada PH Glass y comprar el 70% de los activos de la vidriera. Charbin se quedaría con el 30% restante de los activos de la empresa, sería parte del directorio y aportaría con el conocimiento del negocio. Junto con eso, le habrían prometido que con el crecimiento que experimentaría esta nueva empresa, el 30% de los activos que mantendría llegarían a valer más que el 70% que vendió.

Las negociaciones las habría llevado a cabo Horacio Peña, socio del holding, con conocimiento de Délano y Lavín. Según consta en la querella, Charbin tuvo aprehensiones de ser absorbido por Penta y de no poder tomar decisiones al interior de su empresa.

“Quédate tranquilo, vas a crecer con nosotros”, le habría dicho Peña a Charbin, ofreciéndoles firmar un “Pacto de Accionistas”. Charbin firmó en marzo de 2005 las escrituras. El momento en que “se materializó el engaño”, según señala la querella.

De los cinco puestos del directorio de PH Glass, los socios de Penta representaban cuatro y Charbin, uno. Los socios tomaron el control de la compañía, dejando de informar a Charbin de las actividades financieras según señala en la querella. Le habrían dicho que “él ya no era el dueño, que debía dejar a los gerentes tranquilos”. Fue así como a fines de 2006, el directorio comenzó a hablar de “problemas financieros” y ya en 2009 realizó “aumentos de capital”. De esta forma, pasaron a tener el 99% de la propiedad de la empresa y dejaron a Charbin sin ningún poder de decisión.

Ese mismo año, 2009, Charbin demandó en sede arbitral el incumplimiento del pacto debido a la “dilución” de su porcentaje de propiedad. El árbitro de la causa fue el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola Monckeberg, quien sancionó con una multa de 6.500 UF por el incumplimiento del pacto de accionistas. Si bien la sanción fue ratificada en noviembre de 2014 por la Corte de Apelaciones, hasta ahora Penta se ha negado a pagar.

En el proceso de ese arbitrio, según consta en la querella, Jorge Charbin detectó  que “dentro de los gastos que habían aumentado, existían partidas que no tenían ningún sentido“. Por ejemplo, con el aumento de capital “se pagaba un arriendo de oficinas para el gerente general y para la secretaria de cobranza, en el edificio corporativo de Penta” por 120 millones de pesos anuales.  El arrendador de esa oficina era Penta Inmobiliaria. También se pagaban “asesorías financieras por 15 millones de pesos mensuales” a otras empresas del mismo Grupo Penta.

La querella señala que estos pagos no sólo eran innecesarios -la vidriera contaba con sus propias oficinas en Padre Hurtado desde antes de la venta a Penta- si no que el pago mensual de las supuestas asesorías fueron por “servicios inexistentes” que jamás se realizaron “percibidos por terceros relacionados”. Similar figura a la que habría utilizado el holding en los otros casos de fraude al FUT. 

En 2011, dos años después del fallo arbitral, el querellante asegura que PH Glass continuaba “contabilizando gastos por servicios inexistentes” y de esta forma “perjudicando al Fisco y generando una cuenta por cobrar“. La querella señala que los recursos de los aumentos de capital -que finalmente diluyeron el porcentaje de propiedad de Charbin que pasó del 30% al 1%- se destinaron “casi en su integridad” a pagar esas deudas con otras empresas propiedad del mismo del holding Penta, por servicios que aseguran no existieron.

Charbin denunció estos hechos en 2011 al Servicio de Impuestos Internos, pero nunca hubo resultados. Como consta en la querella presentada este viernes, el actual conocimiento de la investigación abierta en contra de los controladores de Penta por uso de boletas falsas para disminuir la base imponible de sus impuestos; el que contadores y otros administrativos también falsearan partidas relativas al FUT pidiendo boletas falsas; y también que se evitara el impuesto global complementario y el impuesto a donaciones para financiar campañas políticas; hicieron señalar a Charbin y su abogado que el grupo tiene el “mismo modus operandi para la comisión de delitos a través de la contabilización maliciosa de gastos por servicios inexistentes”.

Por eso presentaron esta nueva querella por el delito de “asociación ilícita criminal formada para la comisión de delitos como estafas, apropiaciones indebidas y delitos tributarios varios”.

No sería la primera vez que Penta Capital de Riesgo se hizo de la propiedad de una empresa ocupando este mecanismo. “de las propias declaraciones del señor Bravo, es posible apreciar que el modus operandi que PCR llevó en adelante en contra de mis representados, fue el mismo, que con al menos otras dos sociedades, a saber, Plásticos Burgos y Arrimaq, sin perjuicio de la variante de la misma herramienta criminal…”, dice la querella.

La querella señala que los acusados (Délano, Lavín, Bravo y Peña) forman parte de un “grupo que ha hecho del uso malicioso e indebido de gastos, casi en todas las formas posibles, una actividad regular y reiterada” y que han usado “el mismo modus operandi para la comisión de delitos“. Es por ello que los acusan de constituirse como una organización criminal permanente, con roles definidos, con redes de apoyo para cometer y encubrir delitos y cuyo “plan criminal es el enriquecimiento desmedido mediante la comisión de distintos delitos”.

De probarse cierta la acusación de asociación ilícita criminal, estafa y apropiación indebida reiterada, los acusados arriesgan penas de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, según juristas, es “difícil probar que se hayan constituido exclusivamente con esos fines”. Por tanto, los imputados arriesgarían hasta cinco años de cárcel efectiva. Un nuevo dolor de cabeza para el grupo Penta.