La megarreforma llegó al Senado con el Gobierno dispuesto a ceder en los márgenes para no perder el corazón del proyecto.
Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abría formalmente la discusión ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta este miércoles, la oposición ya tenía su propia agenda en marcha: más comisiones para revisar el proyecto, una contrapropuesta económica en construcción y abogados analizando la ruta al Tribunal Constitucional en caso de que el texto sea aprobado.
El primer round se jugó en la sala del Senado el martes, antes incluso de que Quiroz presentara el proyecto en comisión. Los comités opositores —con la senadora Yasna Provoste (DC) a la cabeza— solicitaron ampliar el número de comisiones revisoras, incluyendo la de Constitución, argumentando que varias normas del texto inciden en la organización de los tribunales ambientales.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), había fijado un itinerario acotado para que el proyecto pase solo por Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, al igual que en la Cámara. La votación resolvió el punto por 24 votos contra 21, con el oficialismo imponiendo su postura.
Lo ocurrido en la votación ilustra el estado de ánimo en el Senado y lo que le depara a la megarreforma de no mediar un acuerdo: un estrecho margen a favor del Gobierno.
En ese contexto, el Gobierno ya ha recibido ciertas alertas de algunos puntos clave del proyecto.
Flanco por contribuciones sigue aquejando a Quiroz
Uno de los más delicados es el que dice relación con la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años y su impacto en el Fondo Común Municipal.
Ante la arremetida del mundo municipal —comandada por alcaldes del mismo oficialismo— Quiroz envió un video a los alcaldes reunidos en La Serena en el cónclave de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), intentando contener la presión al comprometer que el 88% de los municipios el impacto será inferior al 1% de sus ingresos, y que el FCM “en su monto actual no se va a tocar”.
La fórmula es ingresar una indicación al proyecto que fije ese aporte reajustable por IPC, de modo que los municipios no deban pelear cada año en la Ley de Presupuesto.
Pero los números aún no cuadran. De los US$200 millones que se dejarán de recaudar, US$130 millones que van al FCM serán compensados; los otros US$70 millones, que son ingresos propios de las comunas más ricas, no lo serán, acusan desde el mundo municipal.
Hay además discrepancias entre lo que calcula Hacienda y lo que calculan los propios municipios: en Providencia, el alcalde Bellolio dijo a EL DÍNAMO que la merma en las arcas sería de alrededor de $6.000 millones, mientras el Ministerio de Hacienda dice que son $3.000 millones. La redacción de la indicación compensatoria se está negociando con las tres asociaciones municipales y se espera una propuesta conjunta para el viernes.
En ese contexto, la postura del senador DC Matías Walker —uno de los votos que el Gobierno califica como “dirimentes”— adquiere más relevancia.
“Yo no voy a aceptar que se toque el Fondo Común Municipal”, advirtió el parlamentario por Coquimbo en entrevista con un medio local.
Los márgenes a los que está dispuesto ceder el Gobierno
A la disputa por las contribuciones, se suman otras normas marginales del proyecto que el Gobierno ha decidido tratar de diferentes maneras.
Jorge Quiroz, por ejemplo, confirmó que el artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial —rechazado en la Cámara de Diputados— no será repuesto. “Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en este proyecto”, dijo el ministro. Igual suerte tendrá la norma sobre compras públicas del Ministerio de Obras Públicas, sumando así dos piezas que generaban ruido sacrificadas para evitar el desgaste de la tramitación en el Senado.
La única norma eliminada en la Cámara que sí regresará es la franquicia tributaria del Sence, aunque modificada.
El tope deducible bajaría del 1% al 0,7%-0,75% de la planilla anual de remuneraciones de las empresas, reduciendo el costo fiscal desde los US$300 millones actuales a cerca de US$200 millones. La indicación además incluiría un consejo de expertos para fijar anualmente los cursos financiables, buscando evitar que el mecanismo sea usado únicamente para reducir carga impositiva sin impacto real en la empleabilidad.
El problema es que RN, socio clave del oficialismo, también se ha mostrado reticente a esta norma, de hecho, con sus votos se rechazó el artículo que elimina la franquicia, lo que supone un flanco de negociación aún abierto.
Por lo pronto, el Gobierno apunta a despachar el proyecto a fines de julio y tener una ley promulgada para agosto, mientras que la discusión en la Comisión de Hacienda continúa este jueves en doble jornada.
