“Estamos disponibles a votar a favor de la megarreforma, sabiendo que este es un mal proyecto”. La frase del senador Pedro Araya (PPD) resume el pequeño margen que se abrió en el Senado para que el proyecto de Reconstrucción Nacional —la iniciativa tributaria emblema del Gobierno del presidente José Antonio Kast— consiga votos más allá del oficialismo.
El proyecto debería votarse en general este miércoles en la Sala del Senado. Pero la entrega de propuestas de distintas bancadas de oposición a La Moneda y los primeros gestos de disposición del Ejecutivo instalaron un escenario que hasta hace pocos días no estaba sobre la mesa: postergar.
La señal del Ejecutivo
Según lo que ha trascendido en las diversas reuniones entre senadores y miembros del Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha comenzado a mostrar apertura para ceder en algunos puntos del proyecto y buscar un entendimiento con la oposición, en particular con el Socialismo Democrático.
El movimiento responde a la sugerencia hecha por la mesa del Senado, integrada por Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI), que ha instado al jefe de la billetera fiscal a construir una base sólida para el proyecto. Esto, considerando que la megarreforma requiere para su éxito varios años de implementación.
En ese sentido, Quiroz ha transmitido que es posible llegar a un punto intermedio en tres materias: la invariabilidad tributaria, las compensaciones a empresas cuyas Resolución de Calificación Ambiental, (RCA) sean revertidos en tribunales y las compensaciones por la menor recaudación que generarían la reintegración del sistema y la rebaja del impuesto corporativo.
Esa disposición se tradujo este lunes en reuniones en La Moneda. El Partido Socialista y el Frente Amplio acudieron por separado a entregar sus propuestas a Quiroz y al biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado. La gestión se suma a la cita que la semana pasada sostuvieron con ambos secretarios de Estado los senadores del PPD.
Una oposición que negocia dividida
El acercamiento, sin embargo, no encuentra a la oposición como un bloque. Los partidos descartaron presentar una contrapropuesta común y optaron por entregar sus planteamientos de manera individual.
El PPD es el que más lejos ha llegado. Araya —que se reunió junto a Loreto Carvajal, Ricardo Celis y Ximena Órdenes con Hacienda e Interior— condicionó el respaldo de su bancada a que el Gobierno corrija lo que considera fallas estructurales: que la rebaja de impuestos se compense para no afectar el gasto social, sobre todo en salud, y que se acote la invariabilidad de 25 años, que calificó de excesiva.
El senador asumió el costo interno de esa postura: “Si el PPD se quiere posicionar, no puede ser vagón de cola ni del Partido Socialista ni del Frente Amplio”.
El Frente Amplio, en cambio, mantuvo distancia. Su senadora Beatriz Sánchez entregó una propuesta centrada en crecimiento, costo de la vida y medidas impositivas, pero anticipó el voto del sector. “Como oposición hay ya bastante consenso, diría yo, por no decir consenso total, de que vamos a rechazar esta idea de legislar”, adelantó.
El Partido Socialista también formalizó un documento que pide retirar la urgencia, constituir una instancia técnica y reordenar el proyecto.
También plantea una rebaja del impuesto de primera categoría condicionada a compensaciones y a gatillos fiscales —una baja inicial de dos puntos y un descenso gradual de 25% a 23% atado a una deuda pública bajo el 45% del PIB—, junto con eliminar o acotar fuertemente la invariabilidad y garantizar que no se afecten la PGU, la gratuidad ni el acceso a la salud.
Eso sí, no todos están disponibles a conversar.
El senador independiente Karim Bianchi —quien era uno de los sondeados por el Gobierno para aumentar la brecha de votos— descartó su apoyo y reprochó que el Ejecutivo no recogiera sus reparos: “No se cambió ni una coma”, cuestionó el parlamentario, y sostuvo que el proyecto “no crea justicia tributaria y tiene déficit fiscal”.
El miércoles, hora por hora
La eventual negociación tensiona también el calendario y el cronograma fijado por el Gobierno. Tras la reunión de comités de este lunes, quedó fijado que la tarde del martes iniciará el debate a lo que se suma una doble sesión para el miércoles.
La definición se tomará ese mismo día: a las 15:00 horas está citada una reunión de comités donde se resolverá si el proyecto se vota en la sesión de las 16:00.
Si el Gobierno logra avanzar en un acuerdo que vaya más allá del oficialismo, la votación se postergará. Si no aparecen señales de entendimiento, el Ejecutivo hará valer su mayoría de 26 votos para aprobar la idea de legislar ese miércoles.
El propio Araya advirtió los límites de aprobar sólo con votos oficialistas. Aun cuando el Gobierno tiene los números, dijo, “tiene el problema de que ningún inversionista va a invertir en Chile sabiendo que esta es una reforma de un solo sector político y no tiene legitimidad en la oposición y en la ciudadanía”.
La disyuntiva ya divide al oficialismo.
Núñez se abrió a tomarse más tiempo si eso permite construir una mayoría más amplia: “Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio”.
Sin embargo, el líder del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, descartó esa opción. “No veo que sea necesario. Me da la impresión de que hay un cronograma claro”, planteó, en línea con su defensa de que el proyecto puede aprobarse incluso por un voto.
