El presidente José Antonio Kast recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar una de las normas aprobadas en la flamante megarreforma despachada por el Congreso Nacional.
La intención de La Moneda es que el TC declare inconstitucional el artículo 31°, que obliga a las empresas distribuidoras de gas, electricidad y agua potable a la reconexión gratuita de los servicios a los damnificados por los devastadores incendios en Viña del Mar, Ñuble y el Biobío, a pesar de ser interrumpidos por no pago.
En el requerimiento firmado por el presidente Kast y los ministros Jorge Quiroz, Ximena Rincón, José García Ruminot y Louis de Grange, se precisa que la norma “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del Proyecto, infringiendo con ello el artículo 69 de la Constitución”.
La indicación, presentada por la diputada Sofía González (PC), detalla que “las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas estarán obligadas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas o medianas empresas (…), con domicilio en zonas declaradas en estado de catástrofe conforme a esta ley (Valparaíso, Ñuble y Biobío), que hubieren sido desconectados con anterioridad o durante la vigencia de dicha declaración por causales vinculadas al no pago de obligaciones dinerarias”.
Junto con ello, se establecía un plazo de 24 horas, desde la solicitud del usuario, para el servicio de agua potable y alcantarillado, y de 48 horas para el suministro eléctrico y de gas, y se determinaba que “queda prohibido a las empresas concesionarias cobrar al usuario cargo alguno por concepto de reconexión, reposición, visita técnica, revisión de instalaciones u otro similar”.
Al respecto, el ministro Jorge Quiroz puntualizó que “el caso de esta iniciativa, estamos siendo apegados a la institucionalidad. Esto está fuera de la idea matriz. Cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”.
“Pensamos que es una idea que tal vez incluso se podía perfeccionar, pero es mejor hacerla bien de un comienzo y, por lo tanto, recurrimos al TC, porque se está exigiendo un principio de institucionalidad al cual nos queremos apegar”, agregó el titular de Hacienda.
