Tras varios reveses legislativos en la agenda de seguridad, el Gobierno llega a este miércoles con una decisión en suspenso: retirar o no la reforma constitucional de seguridad que ingresó en agosto pasado.
Fuentes del sector aseguran que la determinación ya está tomada —retirar la reforma—, pero que el Ejecutivo esperará la reunión del presidente Kast con los parlamentarios de oposición a cargo de tramitar los proyectos antes de oficializarla.
La renovada propuesta de Longton y Squella
Mientras tanto, el oficialismo avanzó en una propuesta alternativa de siete puntos y la oposición mantiene sus críticas. Según pudo conocer EL DÍNAMO, los senadores Squella (REP) y Longton (RN) acordaron siete materias críticas para viabilizar la reforma.
El primer punto de acuerdo equipara el crimen organizado con el terrorismo, como conductas que por su esencia son contrarias a los derechos humanos.
El segundo, que va de la mano con el primer ítem, aplica al crimen organizado las inhabilidades de las conductas terroristas y habilita a la ley para establecer otras. Mientras que el tercero deja para la discusión legal la conformación, la determinación y los efectos de la determinación judicial de la existencia de bandas criminales, además de la elaboración de una nómina de ellas.
Esto último era uno de los puntos críticos, ya que la redacción original del Ejecutivo otorgaba al presidente de la República la facultad de ingresar a organizaciones terroristas a un registro sin pasar por el Poder Judicial.
El cuarto remite a la ley la habilitación de regímenes especiales de seguridad penitenciaria, e incorpora una idea del proyecto de la senadora Paulina Vodanovic (PS).
Los otros tres puntos se centran en el aspecto más controvertido del texto original: el nuevo estado de excepción que planteó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
En concreto, la propuesta ideada por los senadores descarta crear un quinto estado de excepción. En su lugar, incorpora al Estado de Emergencia una nueva hipótesis: la amenaza de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad de la nación.
Para esos casos, los plazos de prórroga se mantendrían en condiciones similares a las actuales, con una diferencia: la primera declaración duraría 30 días, no pasaría por el Congreso y este podría dejarla sin efecto en cualquier momento. Vencido ese plazo, la continuidad sí requeriría al Legislativo.
Por último, se descartan restricciones en materia de comunicaciones y de garantías individuales distintas de las que hoy están establecidas.
La propuesta, según ha trascendido, será sometida a una mesa técnica junto con la oposición.
Las fuentes consultadas por EL DÍNAMO afirman que, además de retirar el texto, el Ejecutivo resolvió incluir las propuestas de Vodanovic y del senador Pedro Araya, esta última en materia de Gendarmería. Según esas voces, el Gobierno decidió estirar la oficialización hasta después de la reunión con los parlamentarios.
Esa versión, no obstante, no ha sido confirmada públicamente. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, no quiso confirmar la medida y Pedro Araya (PPD), quien preside la Comisión de Constitución del Senado, sostuvo que “tenemos entendido que el Gobierno va a retirar la reforma una vez que se presente un texto constitucional alternativo al que ellos presentaron”.
El senador añadió que se trabaja con los distintos integrantes de la comisión para suscribir un texto conjunto y que este se entregará pronto al Ejecutivo: “Si no es el día de mañana, probablemente, a más tardar el día lunes. Pero esto tiene que ser breve, porque entendemos la urgencia de avanzar en materia de seguridad pública”.
Oposición sigue rechazando reforma de seguridad
La apertura del Gobierno a un acuerdo no ha moderado las críticas.
Aunque una de sus propuestas fue incluida, Vodanovic, presidenta del PS, disparó con dureza el martes contra el proyecto. “La reforma de seguridad es un espanto jurídico”, afirmó.
“Nadie, ningún académico en Chile defendió ese proyecto, desde Nacional Libertario hasta el Partido Comunista, en contra. Por lo tanto, si el Gobierno no reconoce que presentó un mal proyecto y lo retira, es problema del Gobierno. Nosotros vamos a trabajar igual”.
La senadora sostuvo además que el problema de fondo no está en el texto constitucional sino que “este tema no es de tener más estados de excepción constitucional ni de dar más facultades, sino simplemente de voluntad política”.
