Juez Carroza condena a general (r) de la FACH por asesinato de guardias de Allende
Vicente Armando Rodríguez Bustos fue sentenciado a la pena de 10 años y un día de presidio como autor de los delitos de secuestro y homicidio calificado.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó al general (r) de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez Bustos por los asesinatos de nueve integrantes de la guardia personal del ex Presidente Salvador Allende, y el secuestro de otros dos miembros.
El ex general FACH fue sentenciado a la pena de 10 años y un día de presidio como autor de los delitos de secuestro calificado de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón; y el delito de homicidio calificado de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavalla, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barria y Enrique Andrés María Ropert Contreras.
Todos estos hechos fueron perpetrados en Santiago en septiembre de 1973, luego de la irrupción de los militares en el Palacio de La Moneda durante el golpe militar.
En el fallo, el ministro Carroza aplicó además al ex oficial las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena; más el pago de las costas del proceso.
En la causa, el ministro Carroza decretó la absolución del general en retiro de Carabineros Patricio Fernando de la Fuente Ibar, por no acreditarse su responsabilidad en los delitos en contra de colaboradores y miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del Presidente Allende.
Las víctimas fueron detenidas el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de la Moneda y de la Intendencia Metropolitana y llevados por personal de Carabineros hasta la Sexta Comisaría de Santiago y, posteriormente, al Cuartel General de la Policía de Investigaciones.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.320.000.000 a familiares de las víctimas.
