Caso Catrillanca en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca en medio de un operativo policial en La Araucanía no sólo generó molestia y preocupación en Chile, sino que a nivel internacional han dado un seguimiento del caso, poniendo énfasis en que el conflicto con los pueblos originarios vive un punto álgido.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado de Chile a investigar estos hechos de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Asimismo, la reiteró que la conducta de las fuerzas de seguridad debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad y respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos.

Una serie de observaciones ha hecho el organismo internacional. Una de ellas fue la detención del menor de edad que acompañaba a Catrillanca el 14 de noviembre, ante lo cual expresó su preocupación por la información recibida señalando que el adolescente M.P.C. habría sido severamente golpeado durante su detención.

Así mismo, tomó nota de los contradictorios relatos por parte de los funcionarios de Carabineros, quienes aseguraron en una instancia ni contar con grabaciones del operativo en la comunidad Temukuikui, pero que luego se verificó que sí hubo pero que fue destruida por los propios policías.

La CIDH señaló que Camilo Catrillanca fue dirigente estudiantil y partícipe de actos de recuperación de tierras en la Araucanía. Al respecto, la Comisión observó que para los pueblos indígenas la pérdida de un líder como Camilo Catrillanca, quién además era werkén, tiene una afectación no solo individual, sino además colectiva, pues repercute directamente en el ejercicio de los demás derechos de los integrantes de la comunidad, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión.

“Además de establecer la verdad de lo ocurrido, esta investigación debe establecer responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables”, dijo el Comisionado Luís Ernesto Vargas.

La presidente de la CIDH, la Comisionada Margarette May Macaulay, indicó que “es imperativo que las políticas de seguridad en La Araucanía respondan a las necesidades de seguridad de todas las personas y que estas estén ajustadas a la legalidad y a los estándares de derechos humanos”.

Adicionalmente, la Comisión reiteró que la conducta de las fuerzas de seguridad debe respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Finalmente, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, urgió al Estado chileno a “adoptar medidas especiales de protección para niños, niñas y adolescentes en todas las actuaciones policiales, especialmente de aquellos en situación de especial vulnerabilidad”.