Girardi califica como regresivo el fallo del TC y estudia acudir a la CIDH
Agregó que lamentaba que “el Ejecutivo se haya hecho cómplice, porque presentó un reglamento que sus propios parlamentarios cuestionaron y no lo defendió".
El senador Guido Girardi afirmó que la resolución del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia “es regresiva y atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres” y anunció que estudia acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Girardi también lamentó que el Ejecutivo “se haya hecho cómplice”, afirmó que “la derecha en Chile no cree en los procesos democráticos” y recurre a “triquiñuelas” para lograr lo que “no obtiene con los votos”, recalcó la necesidad de “modificar un supra poder que atenta contra la esencia de la democracia”.
El senador Guido Girardi señaló la resolución del TC que declaró “inconstitucional” el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en casos de interrupción del embarazo en tres causales, “es una acción regresiva contra los derechos de la mujer, es una privación al derecho a poder interrumpir su embarazo en tres causales”.
Agregó que lamentaba que “el Ejecutivo se haya hecho cómplice, porque presentó un reglamento que sus propios parlamentarios cuestionaron y no lo defendió. Lo que permite pensar que esto no es más que una maniobra concertada para inviabilizar” el aborto en tres causales.
El parlamentario dijo que “la derecha en Chile no cree en los procesos democráticos porque esto se resolvió en el Congreso Nacional y cuando ellos no tienen mayoría para respaldar sus iniciativas recurren a una triquiñuela para instrumentalizar el TC y echar abajo lo que no logran ganar con votos”.
Girardi afirmó que “esto hace aún más necesario modificar este supra poder, porque es una instancia donde un grupo de personas no elegidas por la ciudadanía tienen más poder que todos los parlamentarios electos por soberanía popular. Esto atenta contra el espíritu democrático más esencial y aumenta la deslegitimación de un poder del Estado”.
El senador valoró el actuar de la Contraloría y acusó que “hay una campaña de venganza contra el contralor (Jorge Bermúdez) por declarar ilegal el primer reglamento que no daba cuenta de la ley aprobada en el Congreso que establece el derecho de la mujer a la interrupción del embarazo”.
El parlamentario también dijo que la “objeción de conciencia tiene que ser excepcionalísima, porque permite a algunos poco no cumplir con la ley que deben cumplir los demás. Y si esa objeción es en salud se viola el juramento hipocrático y los convenios que Chile ha firmado en salud porque los médicos no podemos imponer nuestra posición religiosa a los pacientes”.
Y agregó que “cuando hay recursos públicos las mujeres deben poder ejercer sus derechos y cuando son políticas públicas aprobadas por el estado esas instituciones tienen que ser prestadoras de esas garantías”.
El senador Girardi afirmó que “vamos a evaluar con nuestros abogados si es pertinente acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque aquí se ha violado derechos fundamentales de las mujeres al impedir un derecho planetario que, además, se ha establecido por ley”.
Concluyó señalando que “aquí hay un gobierno y una derecha machista que no cree en los derechos de las mujeres. Nosotros queremos restablecer el derecho de la mujer a decidir, especialmente en estas tres causales”.
Por su parte Laura Quintana, coordinadora de la Plataforma por Aborto Legal y Seguro, calificó de “malvado” el accionar de la derecha y la resolución del TC, “porque la mayoría de los médicos objetores lo son en el caso de violación y obligan a niñas de 12 años a tener hijos productos de una gravísima agresión sexual”.
Y afirmó que no puede ser que ocho personas “tengan más poder que la soberanía popular que eligió a los parlamentarios que aprobaron esta ley” y agregó que “apoyamos todas las acciones que se emprendan en la CIDH (…) porque esta resolución afecta a las niñas y mujeres más pobres del país”.
Finalmente, Rosa Gallardo, de la Secretearía Nacional de la Mujer del PPD, afirmó que “el TC autoriza que los centros de salud privados se puedan negar a practicar abortos legales bajo tres causales aduciendo problemas de carácter ético propio de las personas no de las instituciones, pero que pueden seguir percibiendo recursos millonarios del Estado”.
