Cámara justifica asignación de $193.000 para amortización de uso de vehículos
Aclaró que tal asignación no cubre el pago de los seguros de los vehículos, ni de permisos de circulación, revisiones técnicas, como tampoco considera reparaciones producto de accidentes o desgaste propio al uso del móvil.
La Cámara Baja defendió la asignación de $193.000 para la amortización por el uso de los vehículos particulares de los diputados en el desempeño de sus funciones, con el argumento de que el Congreso no asigna vehículos fiscales a los parlamentarios, como sí ocurre con los ministros de Estado y otros altos funcionarios.
En una declaración, la Cámara recordó que la Constitución Política de la República establece que los diputados y senadores tienen las mismas rentas y asignaciones que los ministros de Estado.
Por tal razón, el año 2011, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias estableció, tanto para senadores como para diputados, una asignación para amortizar el desgaste de los vehículos de su propiedad que estén destinados para el ejercicio de sus cargos.
Esta decisión se adoptó debido a que la Cámara no asigna vehículos fiscales para el uso de los diputados y diputadas, como sí ocurre con ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicios, ministros de cortes, miembros del Ministerio Público, alcaldes y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otros altos funcionarios públicos.
La Cámara aseguró que nunca se consideró disponer de una flota de vehículos para los diputados y diputadas, por el alto costo económico que ello significaba para la Corporación.
Añadió que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, atendido que los parlamentarios utilizan sus autos particulares en su función pública y no uno de propiedad fiscal, fijó en 2011 la asignación en $200.000, la que a diciembre de 2017, por efectos de los reajustes, ascendía a $232.000. En junio de este año tal monto fue rebajado a $193.000.
Finalmente, aclaró que tal asignación no cubre el pago de los seguros de los vehículos, ni de permisos de circulación, revisiones técnicas, como tampoco considera reparaciones producto de accidentes o desgaste propio al uso del móvil, como cambios de neumáticos o reparaciones mayores. Tales gastos son asumidos directamente por el propio parlamentario o parlamentaria.
