Desmunicipalización: el millonario patrimonio inmobiliario que Santiago no quiere entregar gratis al Estado
Al menos $643 millones pagó el municipio por un grupo colegios que deberá traspasar al Servicio Local de Educación. Actualmente, están avaluados en cerca de $36 mil millones.
A través de una consulta a Contraloría, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, planteó su inquietud respecto a las condiciones en las que se deberán devolver los colegios municipales al Estado. Esto, a raíz del proceso de desmunicipalización que considera que dicha comuna debe desprenderse de los establecimientos en 2023, para que queden a cargo de el Servicio Local de Educación (SLE).
Las dudas de la autoridad radican en que entre los diversos establecimientos a cargo de Santiago, existirían 18 que no fueron traspasados de manera gratuita en el proceso de municipalización concretado en los ’80, sino que fueron comprados por la comuna. Entre ellos se incluyen varios de los denominados “emblemáticos”, como el Liceo 1 Javiera Carrera, Liceo Miguel Luis Amunátegui y el Liceo Manuel Barros Borgoño, entre otras escuelas básicas o especiales ubicadas en la zona sur y oeste de la comuna.
En concreto, el alcalde informó que los inmuebles fueron comprados a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, por lo que su traspaso al Estado podría derivar en una retribución a la comuna. Incluso, planteó Alessandri, se podría acceder a una acuerdo en línea con extinguir las deudas que posee la comuna vinculadas a su rol como sostenedor.
“Si quieren que entregue (los colegios), bueno, cómprenmelos. La Constitución protege mi derecho de propiedad. Entonces, yo se los entrego, pero hay una tasación fiscal”, dijo Alessandri hace algunos días, aunque posteriormente matizó sus dichos apuntando a que su consulta en Contraloría buscaba aclarar cómo será el proceso de entrega de establecimientos al Estado.
La Ley de Nueva Educación Pública, especifica que el traspaso de establecimientos desde municipios al Estado no implica pagos considerando que anteriormente las comunas los recibieron de manera gratuita. Sin embargo, no se abordan situaciones como las que ocurren en Santiago.
En total, el avalúo fiscal de los 18 colegios que Alessandri reclama como propios, asciende a más de $36 mil millones. Eso sí, esa cifra podría disminuir debido a casos donde establecimientos comparten espacios.
Más allá de esto, según pudo verificar El Dínamo, la municipalidad no pagó por todos esos colegios. Además, pese a que existen contratos de compraventa, Santiago no figura como propietario de la totalidad de establecimientos que reclama Alessandri. Esto último, según los antecedentes de bienes raíces del Servicio de Impuestos Internos.
Los colegios que compró Santiago
De la lista de 18 establecimientos que Santiago indicó haber comprado, el que posee un mayor valor fiscal -según el registro del Servicio de Impuestos Internos- es el Liceo Javiera Carrera que está ubicado en Compañía de Jesús 1484. El Liceo 1 registra un avalúo de $11.594.689.274, siendo el propietario la Ilustre Municipalidad de Santiago.
Según consta en el contrato de compraventa alojado en el Conservador de Bienes Raíces, la municipalidad adquirió dicha propiedad el 15 de febrero de 1988, junto con otros cuatro terrenos correspondientes a establecimientos educacionales, por las que pagó un total de $396.205.572.-
La Escuela D-73 -actual Escuela Básica Fernando Alessandri Rodríguez- y el Liceo A-14 -hoy Liceo José de San Martín- fueron otros de los colegios incluidos en esta transacción. Ubicados en la manzana comprendida por las calles Copiapó, Roberto Espinoza, Coquimbo y Lord Cochrane, ambos establecimientos están registrados bajo el mismo rol en el SII, con un avalúo de $2.532.429.621, y registran como propietario a la Ilustre Municipalidad de Santiago.
Asimismo, el Liceo A-10, actual Liceo Manuel Barros Borgoño, también estuvo incluido en ese traspaso. Según el registro del SII, este colegio masculino tiene un avalúo de $1.016.405.497.
En este mismo paquete se incluyeron otros colegios que no son propiedad actualmente de la Municipalidad de Santiago. Una de ellas fue la Escuela E-48, -actual Escuela Diferencial Santa Teresa de Ávila- , ubicada en Avenida Einstein (comuna de Recoleta, quien la administra).
Otro terreno adquirido fue el que correspondía a la Escuela D-22/E-72, cuadra comprendida por las calles Mapocho, Villasana, Poeta Pedro Prado y Juan Barros, en la que actualmente se encuentran la Escuela Básica Reino de Noruega (dependiente de la Municipalidad de Quinta Normal) y el Liceo Experimental Artístico, cuya administración está en manos de la Universidad de Santiago (Usach).
Otra transacción conjunta que realizó la Municipalidad de Santiago con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales fue la registrada el 15 de febrero de 1988 por un total de $156.399.367, en el que se incluyeron otros cinco terrenos.
En ellos se encuentra actualmente la Escuela D-11 (Escuela República del Uruguay), ubicada en Manuel Antonio Tocornal esquina Santa Isabel, cuyo avalúo fiscal corresponde a $611.350.826, y la Escuela E-66 (Escuela República De Alemania), ubicada en Libertad, entre Mapocho y Yungay, cuyo avalúo es de $821.292.244.-
En este grupo de colegios también se incluyen algunos que ya no son administrados por la Municipalidad de Santiago. Es el caso del terreno en donde se ubica Escuela Básica Juan Verdaguer Planas (Escuela F-23) y la Escuela Jorge Alessandri Rodríguez (Escuela D-93), ambas dependientes actualmente de la Municipalidad de Recoleta.
En esta compra también se incluía a la Escuela D-45 (Escuela Provincia de Chiloé). Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en el SII esta propiedad aparece como propiedad de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S.A., con un valor fiscal de $903.810.904.-
El Liceo Miguel Luis Amunátegui es otro de los colegios que serían traspasados al Servicio Local de Educación por el municipio, quien lo compró a la empresa constructora por $10.191.061 en 1988. Hoy, dicho terreno ubicado en barrio Yungay está avaluado en $2.714.110.332. Tal como el colegio anterior, esta propiedad aún aparece a nombre de la empresa constructora en el SII.
Otros colegios incluidos en la consulta de la Municipalidad de Santiago a Contraloría son el Liceo Teresa Prats de Sarratea, comprado por $10.191.061 -también el 15 de febrero de 1988-, y la Escuela Benjamín Vicuña Mackenna, comprado el mismo día y por el mismo monto.
Asimismo, las escuelas Irene Frei de Cid, República de Colombia y República de México fueron compradas por la municipalidad en $2.208.738 el 3 de octubre de 1988; $36.907.789 el 28 de diciembre de 1987, y $ $2.036.508 el 15 de febrero de 1988, respectivamente.
En tanto, la Escuela Irene Frei de Cid está avaluada en $1.148.422.228; la Escuela República de Colombia en $1.696.575.037; y la Escuela República de México en $1.266.764.259. Estos tres establecimientos, sin embargo, aún están registradas como propiedad de la empresa constructora según el SII. Lo mismo ocurre con la Escuela Cadete Arturo Prat, la que fue comprada por la municipalidad en $19.436.250 con fecha 22 de agosto de 1989 (avaluada hoy en $2.426.206.845).
Una transacción distinta fue la realizada con la Escuela Reyes Católicos, que fue adquirida -sin costo- por la municipalidad a través de un traspaso que realizó el Ministerio de Educación Pública el 20 de junio de 1986, de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1980, vinculado al proceso de municipalización.
Finalmente, los últimos tres colegios por los que la municipalidad asegura haber pagado son la Escuela Básica Especial Santiago Apóstol, ubicada en San Pablo esquina Matucana, cuyo terreno tiene un avalúo fiscal de $5.137.936.733, valorización que, eso sí, incluye el espacio del Internado Nacional Barros Arana que no está incluido en la nómina que formuló Alessandri (ambos poseen el mismo Rol). Además del Liceo Isaura Dinator de Guzmán (avaluada en $2.722.688.918) y la Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco (avaluada en $816.951.031).
Desde la Municipalidad de Santiago optaron por no entregar mayores antecedentes respecto del proceso de compra de colegios en los años 80 y 90. Eso sí, señalaron a El Dínamo que existirían diversas comunas en la misma situación, lo cual podría entorpecer el proceso de desmunicipalización.
