Régimen de Daniel Ortega ordenó la captura de periodistas críticos al gobierno de Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones a los derechos humanos.
Una orden de captura en contra de dos periodistas críticos del presidente Daniel Ortega ordenó el gobierno de Nicaragua, según informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de dicho país.
La orden de captura fue emitida por el juez de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del político Jaime Arellano, según la CPDH.
Las tres personas sobre las que pesan las órdenes de captura se encuentran fuera de dicho país: Orozco se exilió hace varios meses tras ser agredido por grupos afines al gobierno y recibir amenazas de muerte; Galeano huyó este fin de semana, y Arellano lleva más de un mes fuera “por razones de salud”.
Al conocerse dichas órdenes, la periodista Leticia Gaitán también huyó del país, por temor a ser capturada y enjuiciada, según publicaron periodistas de Nicaragua.
Todos ellos trabajaban en el canal de televisión 100 % Noticias, que la noche del viernes fue allanado en un operativo en el que la policía local detuvo a sus dueños y a seis trabajadores. El dueño del canal, Miguel Mora, enfrenta cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
La orden de captura fue emitida la mañana de este domingo durante la audiencia preliminar contra la periodista Lucía Pineda Ubau, también crítica de Ortega, quien enfrentará juicio acusada del delito de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, indicó la CPDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de “más de 300 muertos” y de graves violaciones a los derechos humanos.
