¿Ley de Transparencia 2.0? ¡Con suerte 1.1 mijito!

En septiembre el Presidente Piñera envió al Congreso la modernización a la Ley de Transparencia, transcurrida ya una década desde su nacimiento. Se anunció en los medios como una versión 2.0, que ahora se pondría a tono con los nuevos tiempos… esos tiempos que aspiran a que tengamos ciudadanos empoderados para atrapar a los frescos y corruptos que se esconden en los agujeros del Estado.

Pero, ¡ay!, no le da para 2.0 realmente. La modificación legal con cariño podría considerarse una mejora parcial, que si es por analogías con los computines, sería algo así como 1.1 no más.

El proyecto de ley crea un sitio web en el Estado para centralizar el acceso (wow!) y -afírmate los churrines cabrito- mejora un poco los plazos de respuesta. Respecto a transparencia activa (es decir, las obligaciones del Estado de publicar información en la web sin que nadie se la pida), apenas se agrega que se publiquen más sueldos… Sí, simplemente más de los que hoy ya se publican.

No bostece todavía por favor. El proyecto de ley también aumenta sanciones cuando el gobierno no entrega la información, pero de nada sirve eso porque para que la sanción duela tiene que aplicarse, y el Consejo para la Transparencia (CPLT) nunca sanciona (2% de los casos es el dato duro). Esa modificación por ende no es más que un saludo a la bandera.

Se incluye alguna otra chimuchina además, que en la práctica ya se hace pero igual lo ponen en la ley para que quede a firme: que cuando el Estado entregue información que incluye datos personales de otra gente, cuide de no entregar esa parte. Ah, sí: la modernización también obliga al Estado a publicar sus pronósticos para el crecimiento económico… Sí, esos que a cada rato nos dan en las noticias… ¡Qué transparente oye! ¿no te sientes más empoderado ya para combatir a los malvados?

Y fin. Eso sería.

Es evidente que la modernización no tiene ambición alguna. Parece haber sida redactada por políticos que quieren seguir maquinando en la oscuridad de cuatro paredes. O por abogados inmersos en el fome proceso de peticiones-y-respuestas, para lograr ciertas solo certezas jurídicas en áreas chicas aburridas que solo les incomodan a ellos. Para aquellos de nosotros que queremos que los sucios no puedan operar en el Estado sin ser detectados, para los que queremos ser ciudadanos de una democracia moderna que no le aguante nada a papito Estado cuando trata de pasarnos gato por liebre, para los periodistas que quieren atrapar a los piérdete-una, este proyecto de ley es un fiasco.

Ideas en serio para mejorar la Ley de Transparencia hay. Pero el proyecto de ley se hizo el soberano leso de las recomendaciones que se han hecho. Es el caso del famoso Informe Engel de la Comisión Anti-Corrupción. Propuso que la Ley de Transparencia se extienda a órganos que hasta ahora permanecen operando a oscuras, como son nada menos que el Poder Judicial y el Congreso (que les permite ocultar sus turbias asesorías famosas estos últimos meses en la prensa); propuso que los contenidos de los mails en instituciones públicas sean públicos (lo que permite las investigaciones de casos de corrupción); propuso que la información del Estado esté debidamente ordenada para poder acceder a ella (un “galpón de documentos” amontonados sin lógica de base de datos no sirve); y propuso transparentar fuertemente el actuar de las empresas públicas, pues de otra forma son usadas para pagar favores políticos. Nada de eso fue recogido en la modernización de la ley.

No son las únicas recomendaciones: El Observatorio Fiscal, potente ONG dedicada a darle más visibilidad al gasto públicas en Chile, publicó hace muy poco junto con Naciones Unidas un reporte sobre las deficiencias en transparencia fiscal y cómo superarlas. Propusieron por ejemplo la publicación regular de las bases de datos de gastos (en vez de números en documentos, imposibles de procesar para analizar); entregar los gastos con detalle (en vez de grandes categorías tipo “proyectos de inversión”); facilitar el lenguaje y formato de la información para que todos la puedan entender; evitar el efecto “galpón de documentos” que no permite hallar los datos; y detallar los gastos de cada unidad operativa, por ejemplo cada hospital.

Y hay más: Hace muy poco un grupo de centros de estudio (probablemente los think tanks más influyentes del país) se aunó para hacer propuestas de transparencia al Estado. Además de repetir todos los puntos arriba mencionados de la Comisión Engel y varios de Observatorio Fiscal, propusieron que las Superintendencias (de Isapres, Combustibles, etc) hagan públicos sus datos de fiscalización de empresas; propuso que se transparenten las finanzas municipales porque “actualmente no se cuenta con una adecuada visualización del estado financiero de los municipios, por lo que no se conoce su real situación financiera” (¡dios!); propuso ampliar la transparencia en el ámbito militar, donde ha habido abusos de secretismo; propuso que se rebajen fuertemente las restricciones para acceder a encuestas efectuadas por el gobierno (hoy maliciosamente se pueden ocultar hasta que termine el gobierno); y propuso levantar el velo sobre información de privados a la que el gobierno tiene acceso. Nada, nada de eso fue recogido en el proyecto de ley.

La última propuesta de los think tanks merece más detalle con un caso de ejemplo: ¿Sabías por ejemplo que hace un par de años se le hizo una auditoría operacional a la empresa SUBUS del Transantiago para saber por qué andaba mal? ¿Sabías que aunque se realizó (por la Universidad Católica) porque el ministerio lo exigió, porque la auditoría está contemplada en el contrato, tú no tienes derecho a leer ese informe? Nos denegaron acceso a quienes lo pedimos por transparencia por contener información privada de una empresa privada. Nosotros la gente, nos dijeron, no tenemos derecho a saber por qué SUBUS anda mal. ¡Pero qué onda! ¡Ese informe no era un favor, era una exigencia del contrato! Los funcionarios ministeriales que lo leyeron, por cierto, callaron. No hay un comunicado público, un resumen ejecutivo, nada. Lo que se haya encontrado allí, los funcionarios lo callaron. ¿Por qué? ¿Será porque tal vez, como insunuó un ejecutivo de SUBUS, el informe reveló que el propio ministerio está haciendo mal su lado de la pega y prefiere no quedar en evidencia? Qué ganas de saber, ¿no? Lástima que no tienes derecho. ¿Y qué te parece que el funcionario, a quien tú y yo le pagamos el sueldo, pueda ocultarnos lo que leyó?

En general el Estado trabaja mucho, mucho, mucho con empresas privadas que están contratadas por él para prestarnos servicios, lo que hace lógico y deseable que información del desempeño de esos servicios sea pública. Pero no, los modernizadores de la Ley de Transparencia no lo consideraron apropiado. Mejor oscurito.

Hay más recomendaciones que uno podría hacer. Déjeme mencionar dos clave:

Las licitaciones: Todo ese montón de servicios que el Estado ejecuta a través de empresas privadas se contratan con licitaciones. Ellas son por ende absolutamente fundamentales para la marcha del servicio público. Hacerlas bien es crucial. Dicho eso, ¿sabes tú qué licitaciones está preparando el Estado en este mismo momento? ¿Sabes qué está incluyendo el Estado en esas licitaciones? ¿Tienes alguna idea de si los servicios de aseo que el Estado está preparando contratar en su barrio tendrán una frecuencia adecuada? ¿si la mantención de la plaza incluirá regar el pasto? ¿sabes de cuál calidad serán los pupitres que se comprarán para la escuelita? Pues has de saber que no tienes derecho a saberlo. Sí, como lo lees. El ciudadano chileno no tiene derecho a saber qué planea hacer el Estado en las licitaciones. Ridículo sin duda, pero cierto. En varios fallos el Consejo para la Transparencia (por ejemplo C2760-15, C1970-18, C2206-18) ha dictaminado que si usted le pide información al Estado sobre licitaciones en preparación, el Estado tiene derecho a ocultársela. Lo que ocurre por ende es que los servicios terminan siendo “sorpresa”. Como las tarifas de las autopistas por ejemplo, de las que varios se quejan por estos días. ¿No sabías que la concesionaria por contrato podía subir las tarifas arbitrariamente 3,5% por encima de IPC todos los años, lo que significa duplicarlas cada 9 años aproximadamente? No lo supiste cuando redactaban la licitación, así que ahora mámatelo no más. ¿Te habría gustado saberlo y opinar en su momento, cuando era posible corregir la redacción? Ah bueno, para eso se necesita transparencia. Una que el actual proyecto de ley se rehúsa a ampliar.

Y en realidad es de hecho peor: Basta que un organismo diga que está preparando una licitación -aunque sea evidentemente falso- para que se pueda denegar información. Es por ejemplo lo que pasó con el tranvía de Las Condes: aunque el alcalde a los cuatro vientos dijo que ya no iba producto del anuncio de la línea 7 del Metro, el municipio ha seguido denegando acceso a los estudios del tranvía argumentando lo absurdo: habrá una licitación. Y el Consejo para la Transparencia, haciendo el loco, lo ha avalado. Un burdo abuso de poder que el nuevo proyecto de ley podría haber querido solucionar pero no quiso.

Un último tema para cerrar: ¿Quiere que la transparencia ayude a atrapar a los que se roban la plata? ¿hoy más que nunca, cuando hasta los carabineros y la Contraloría se nos vienen abajo? Pues bien, una manera de robarse fácil la plata en el Estado es pagar horas extras que no se hacen, o incluso pagarle sueldo a gente que ni siquiera va a trabajar: aparecen a fin de mes, cobran el cheque y le pasan parte a su padrino (que se la mete al bolsillo o la aporta a su tienda política, según el caso). Aunque el abuso de las horas extras sale ocasionalmente en la prensa y por ende es tema conocido, y suma mucha plata, la nueva Ley de Transparencia se hizo la cufa cuando podría haber ayudado en serio. Claro, porque es mucho más fácil pillar el robo si además de los sueldos que se publican mensualmente hoy, se publicaran además las horas que supuestamente se trabajaron. Pero no. ¿Para qué transparentar como roban, dijo el Presidente?