Nuevo mandato de Maduro y la crisis en Venezuela
"Es necesario que la comunidad internacional ejerza una verdadera y legítima presión al gobierno de Maduro a fin de corregir las actuales condiciones de vida que se evidencian en Venezuela y que en la práctica grafican un desprecio por los DDHH de todos los que habitan ese país".
El segundo mandato de Nicolás Maduro encuentra a la denominada Revolución Bolivariana desgastada y cuestionada respecto a lo que es su legitimidad. Su primer gobierno ha estado caracterizado por decisiones políticas que no sólo cuestionan la eficacia del estado de derecho sino también el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos. En ese sentido, el miedo a perder el poder y el temor a los efectos jurídicos y políticos que conlleva implementar una democracia real han sido los factores que explican la perpetuación de la grave crisis social que existe en Venezuela.
Esta crisis, ejemplificada, entre otros, en la escasez de productos básicos, la carencia de medicamentos, en una hiperinflación de siete dígitos, con más de 3 millones de venezolanos que se han ido del país a partir de las nefastas condiciones en la que vivían, y con un sistema político que vulnera el estado de derecho al no reconocer la independencia de las instituciones públicas y la igualdad ante la ley, requiere de un compromiso mayor por parte de la comunidad internacional de cara a generar cambios profundos respecto a lo que es una verdadera protección a los derechos humanos de la población venezolana.
Si bien es cierto, el sistema internacional reconoce como norma ius cogens (obligatoria) la no intervención en los asuntos internos de los Estados también lo es el hecho que el sistema internacional -a través de lo que es la Responsabilidad de Proteger o el actuar de La Corte Penal Internacional- ha señalado que los Estados y las personas no pueden instrumentalizar este principio a fin de no responsabilizarse por la violación a los derechos humanos que sus decisiones generan.
Así entonces, es necesario que la comunidad internacional ejerza una verdadera y legítima presión al gobierno de Maduro a fin de corregir las actuales condiciones de vida que se evidencian en Venezuela y que en la práctica grafican un desprecio por los derechos humanos de todos los que habitan ese país.
