Un 60% de los funcionarios de salud pública son agredidos física y sexualmente

Hace unos días en la Región del Biobío una funcionaria del Cesfam Boca Sur, fue agredida a punta de patadas, golpes de puño e incluso silletazos, tras ir en defensa de un adulto mayor que estaba siendo atacado.

Las agresiones contra el personal de salud son pan de cada día, según una encuesta dada a conocer por la Subsecretaría de la Prevención del Delito del Ministerio del Interior, realizada a más de 9 mil funcionarios de salud públicos, arrojó que el 60% de los consultados dijo haber sido víctima de una agresión física o verbal en el último año.

Se trata, principalmente, de ataques verbales -como insultos, amenazas, hostigamientos y burlas- que concentran el 86% de los casos. Mientras que el 13,7% son agresiones sexuales y físicas con objetos contundentes y armas.

Más del 60% de estos hechos proviene de pacientes y sus familiares, mientras que los tiempos de espera y la dotación de personal, sumados a las características del paciente -problemas mentales, de drogas o alcohol- aparecen como los principales causales de la agresión.

Entre las víctimas de estas agresiones, los paramédicos lideran los casos, seguidos por el personal médico, odontólogos y químico farmacéutico. Esta inseguridad también se reflejó en la encuesta: en 86% de los consultados consideró insuficientes las medidas de seguridad en los consultorios.

Proyecto

Para abordar esta situación, el gobierno impulsó una mesa de trabajo entre la Asociación de Municipalidades, la Confusam, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención de Delito, donde se están trabajando varias medidas. Entre ellas, un proyecto de ley, presentado ayer, que según la subsecretaria de Prevención, Katherine Martorell, tipificará como delito el maltrato a funcionarios de salud y elevará las penas en un grado. Esto impedirá “que se califiquen como lesiones leves las cometidas contra trabajadores y funcionarios de establecimientos de salud”.

Martorell añadió a La Tercera que “el agravante de responsabilidad penal va a depender del delito que origina la agresión , que pueden ser lesiones graves, menos graves o leves”.

La iniciativa creará un registro de agresores, ya que hay casos en los que el personal de salud se ve revictimizado al tener que atender a un agresor. “Se propone con el registro que estas personas sean derivadas a otro servicio, pero, en el caso de existir una urgencia, se les deberá prestar la atención”, precisó Martorell.

Los gremios de salud valoraron la iniciativa, como una medida de protección.

Según un catastro de la Confusam, en 2018 hubo 157 agresiones físicas y más de 500 verbales contra los funcionarios de salud.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó que entre las medidas que se adoptarán destaca “el apoyo a las víctimas de delito y agresiones en ejercicio de actividad profesional y acompañamiento”. Una de ellas, mediante el convenio que se firmó con Prevención del Delito, para dar asistencia sicológica, social y jurídica, dentro del Programa de Protección a Víctimas. Además, indicó que en aquellos centros más vulnerables se han incorporado cámaras de seguridad y botones de pánico.