Las casitas de Piñera en el lago Caburgua
Patricio Herman es Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad
Gracias a la investigación desarrollada por el El Dínamo, la opinión pública conoció la concesión marítima para una faja del terreno público del presidente Piñera denominado playa de casi 900 m2 en su predio rural que enfrenta el lago Caburgua, en el sector Renahue, comuna de Pucón, región de la Araucanía, que el gobierno de Bachelet, a través del Ministerio de Defensa, le entregó en el año 2017 por el período de 10 años. En todo caso la tramitación administrativa para obtener dicha autorización se inició durante su primer gobierno.
Después supimos que durante la dictadura de Pinochet, como un particular interesado en disponer de atractivos terrenos en sectores lacustres, Piñera adquirió derechos de un terreno de 20 hectáreas, con rol de avalúo fiscal Nº 132-08 del Servicio de Impuestos Internos (SII), predio que le pertenecía a doña María Flores viuda de Navarrete, debidamente inscripto en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón.
Cómo Piñera consiguió una playa concesionada de 800m2 en Lago Caburgua
Por mera curiosidad y es más, por transparencia, de la cual tanto se habla en Chile, la semana pasada le solicitamos al arquitecto y desarrollador inmobiliario, Mauricio Zulueta, miembro de la fundación Defendamos la Ciudad, quien veraneaba con su familia en Villarrica, balneario que queda muy cerca de Pucón, que fuera a la Dirección de Obras (DOM) de Pucón a solicitar copia de los siguientes permisos de edificación otorgados a la persona natural Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, los que, como todos sabemos, son actos administrativos públicos :
Permiso Nº 0108 del año 1988 consistente en una obra nueva para 5 viviendas
Permiso Nº 0145 del año 1994 consistente en la ampliación de la casa del cuidador
Permiso Nº 0157 del año 1994 consistente en una obra nueva de vivienda
Permiso Nº 0210 del año 2003 consistente en ampliación y modificación de una vivienda
El mencionado profesional, conocedor de las normas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el 25 de febrero recién pasado le solicitó al funcionario que lo atendió en las oficinas de la DOM de Pucón que le entrega copia de esos 4 permisos, conforme al mandato del artículo 1.1.7 de la OGUC que dice :
“Las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona, de acuerdo con el principio de probidad y los artículos 11 bis. y 11 ter. de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Los documentos a que se refiere el inciso anterior serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas. Las copias solicitadas serán de cargo del requirente, sin perjuicio del pago de los derechos municipales que correspondan” .
A pesar de que el funcionario municipal tenía la obligación de entregarle al solicitante esos documentos públicos, por algún extraño motivo, se los negó a pesar de que el arquitecto Zulueta leyó en su presencia dicho artículo de la OGUC. Debido a que la petición de los permisos se hizo verbalmente, a sabiendas que en Chile todo se debe hacer por escrito, el 28 de febrero de 2019, el arquitecto Zulueta ingresó en la oficina de partes de la Municipalidad de Pucón una nota formal dirigida a la funcionaria Lorena Fuentes, en su calidad de directora de obras, requiriendo copia de esos 4 permisos, señalándole que respetara el artículo 1.1.7 de la OGUC.
A todo esto y ante la falta de servicio de la Municipalidad de Pucón, el 25 de febrero de 2019 la fundación Defendamos la Ciudad le representó al presidente Piñera, con la formalidad y respeto de rigor, la desconsideración municipal en comento, recomendándole que sus colaboradores tomaran contacto con el alcalde de Pucón para resolver el impasse. Dos días después, el 27 de febrero pasado, Carlos Cruz-Coke, director de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la República, nos contestó que las decisiones y actuaciones de los municipios son autónomas y que por ello la Presidencia no puede intervenir.
Hoy día es lunes 4 de marzo de 2019 y encontrándole toda la razón al funcionario presidencial, si la directora de obras de Pucón insiste en mantener en secreto los 4 permisos ya aludidos, va a ser necesario denunciar su incorrecto comportamiento en las instancias administrativas de mayor jerarquía, tales como la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o bien en la propia Contraloría General de la República.
Lo que sí está claro es que esos actos públicos cursados hace años al actual primer mandatario, tarde o temprano se tendrán que conocer.
