La reforma tributaria y su laberinto

Todos en algún minuto hemos pensado, soñado o vivido lo que implica estar al medio de un laberinto, esto es, estar al medio de un entramado de encrucijadas que nos desafían, con sus muchos caminos y alternativas. Solo lograremos salir y hacerlo en poco tiempo, si obramos concentrados y memorizando bien lo que se ha recorrido.

Lo señalado y que es lo que uno hace o debe hacer cuando enfrenta un laberinto es lo que debe hacerse con la Reforma tributaria que impulsa el actual gobierno. No olvidemos que aunque el diagnóstico que precedió la primera Reforma de la Presidenta Bechelet era correcto, su Reforma fue nefasta. Lo fue, porque quienes la hicieron o participaron en su elaboración, no consideraron el mundo real. Trabajaron en base la teoría. Menospreciaron a los gremios. Consideraron que si la Sofofa, la CPMC o la CNC, se oponía, no era porque dichos organismos que trabajan con actores que funcionan en la realidad y no en la teoría, quisieran colaborar a que se aprobara una reforma que combinara la recaudación con un sistema que funcionara y que resultara compatible con la inversión, que es la que permite que los países crezcan y se desarrollen. Por el contrario, asumieron que su opinión estaba sesgada, pues lo que en el fondo querían era proteger sus intereses, mezquinos y egoístas.

La verdad, aunque incomoda, era que tenían razón. Hubo un freno a la inversión. El país dejó de crecer en los porcentajes esperados, y la recaudación no aumentó sino que disminuyó.

Aunque el país no puede permitirse un nuevo error, me temo que los actores políticos y que quienes han intervenido en la discusión parlamentaria, persisten en cometerlo. Insisten en mirar con desconfianza a los gremios y a quienes lo asesoran.

Algunos miembros de la comisión incluso se permitieron argumentar que la Reforma Tributaria de Bachelet, en su proyecto inicial, que fue el que aprobó la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados era mejor que el que terminó aprobándose. Agregaron informalmente que el sistema inicial no era complejo y que lo que lo enredó fueron los cambios que el gobierno negoció en el Senado, en lo que se denominó como la “Cocina de Zaldívar”. Todo esto se dijo en el marco de la exposición que hicieron los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes manifestaron que los funcionarios rechazaban la Reforma porque sólo tenía por objeto debilitar al órgano fiscalizador y beneficiar a los más ricos.

Aunque puedo entender que en las discusiones políticas las posiciones se extremen, me parece injusto que el rechazo se haga sin ponderar la realidad de los hechos, y la experiencia de quienes soportan los impuestos.

Es cierto que los impuestos representan una carga pública impuesta por ley, a quienes tienen más y que su propósito es financiar los gastos públicos. Sin embargo, eso no puede significar que el pago se torne tan gravoso que quienes tengan recursos, sea por herencias o porque han tenido éxitos en sus emprendimientos, se transformen en rentistas, cuestión que sabemos no beneficia al país, sino que a quienes buscan financiamiento barato.

Sé y es lamentable que muchos parlamentarios se dejan seducir por el eslogan fácil que algunos utilizan y que se resume en que esta Reforma ayuda a los ricos, y que no favorece a las PyMES. Eso es completamente falso. Al revés, el cambio propuesto es tremendamente beneficioso, amén de compatible con la normativa constitucional.

No olvidemos que la Carta Fundamental reconoce como principio basal la igualdad, y que esa igualdad no existe en la ley actual, en la que frente a una misma riqueza algunos pagan 35 y otros 44,45. Algunos políticos que carecen lamentablemente de experiencia en el mundo real, se apresuran a argumentar que es justa esa diferencia, porque los que pagan 44,45 tienen más. Pero ocurre que si un patrimonio se incrementa el impuesto que se paga también aumenta, porque la tasa se aplica a una mayor base. Es así en el sistema actual y también en el sistema propuesto. Con la diferencia que hoy, hay una tasa de un 25% que no favorece sólo a las PyMES sino que a cualquier empresa que esté conformada por personas naturales.

En el proyecto, esto cambia, pues la tasa del 25% sólo favorece a las PyMES con la diferencia, que las beneficia independientemente de la forma que estén organizadas. Las beneficia también sea que paguen o no el impuesto de entrada que se exigía en la Ley actual. Esto explica que un porcentaje mayor de PyMES estén pagando hoy en la empresa la tasa del 27%, y a nivel personal la tasa del 44,45%. Es más barato eso, que cambiarse al sistema denominado 14 ter, que el proyecto reemplaza por la cláusula Pyme, que tiene mucha mayor cobertura y que reconoce como beneficio el descontar como gasto el 100% del valor del activo, y entregarle al propio contribuyente la opción de tributar bajo ingreso y gasto percibido o hacerlo bajo las reglas generales.

El que sistema se integre y no se limite esa integración a quienes reconozcan como retirada toda la utilidad de la empresa responde a una necesidad constitucional de que todos paguen lo mismo frente al mismo hecho económico. No parece lógico ni razonable que los mismos que argumentaban que la educación debía ser gratis para todos, independientemente de la riqueza que pudieran tener, le impongan a algunos por el sólo de estar organizados bajo un esquema jurídico la obligación de pagar por la misma riqueza un 27% más, que es la diferencia que se da entre un impuesto final de un 35% y otro que paga un 44,45%. Eso no es justo ni razonable en ninguna parte.

El proyecto además y como un avance objetivo, le permite a quienes registran ingresos por menos de 10.000 UF, evitar pagar el impuesto de Primera Categoría y pagar en cambio directamente el impuesto final Global Complementario según la propuesta que le formule el Servicio de Impuestos Internos, entidad que como tiene la información sectorizada, está en condiciones de establecer fundadamente los márgenes de cada industria en ese segmento. Me parece una fórmula que resuelve el problema tributario para un número significativo de contribuyentes, amén de facilitar ostensiblemente el trabajo tanto de los fiscalizadores como de los contadores, los primeros porque se concentraran en revisar a las grandes empresas y los segundos, porque podrán liberar parte del tiempo que emplean en llevar los registros y confeccionar las DJ que la Ley les exige.

En definitiva, salvo que se quiera legislar desde el resentimiento y la terquedad, y no se quiera reconocer lo obvio, y que es que el gobierno planteó un proyecto que modifica para bien y para largo plazo, un sistema que resulta enredado e injusto, me parece que lo correcto y así seguramente lo harán saber los gremios, que estudian seriamente y apoyados técnicamente los cambios legislativos, es que ojala y por el beneficio de todos, esté proyecto se apruebe.