Piden aclarar la compra de 27 departamentos por parte del superintendente de Servicios Sanitarios

En aproximadamente un año, el superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, compró 27 departamentos en distintos edificios de Santiago, gracias a créditos hipotecarios, los que solicitóde manera simultánea en distintos bancos e instituciones financieras.

Aunque las compras fueron realizadas entre 2013 y 2014, desde la UDI sugirieron que “estas transacciones generan muchas dudas que requieren ser subsanadas”. Es por eso que Álvaro Carter y Juan Antonio Coloma remitieron oficios de fiscalización a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Superintendencia de Bancos, con el fin de obtener informes en derecho respecto de la legalidad del negocio, según dio a conocer La Tercera.

Allí, exponen que “nos parece del todo incomprensible y graves los hechos recientemente difundidos y que exponen el accionar del superintendente”. Con el fin de despejar todo tipo de dudas ante la acción de Bruna, es que argumentaron la presentación indicando que “el artículo 8° de nuestro cuerpo constitucional es lo suficientemente claro para establecer una serie de mecanismos administrativos y legales para, no solo controlar los actos de corrupción en nuestra administración, sino también para el establecimiento de una serie de medidas represivas ante tan indeseables actos, con la finalidad que prevalezca el bien general de la nación”.

Para Coloma, “el superintendente de Servicios Sanitarios es quien tiene la obligación moral y legal de acreditar que la compra de 27 departamentos en menos de un año se realizó en conformidad con la ley. La carga de la prueba en los tiempos actuales se trasladó y son las autoridades las que deben demostrar la legalidad de sus actos”.

Carter agregó que “no nos podemos dar el lujo de estar frente a un funcionario público que adquiere un patrimonio de tal envergadura y no hay, hasta el momento, una justificación plausible de ello”, destacando que “el país está haciendo esfuerzos para evitar posibles brotes de corrupción, por lo que se hace necesaria una investigación a fondo que permita evitar dudas razonables y, mientras tanto, como una muestra de transparencia, el superintendente debe ser separado de sus funciones”.

En los oficios que los gremialistas enviaron, calificaron como una “insólita situación” la compra de los inmuebles y, “evidentemente, requiere de una exhaustiva labor investigadora de parte de los organismos competentes”.

A la UAF solicitaron investigar “el origen de los fondos que dieron lugar al incremento patrimonial”, mientras que a la Superintendencia de Bancos requirieron informar “sobre los mecanismos seguidos por el funcionario público para solicitar simultáneamente más de 27 créditos bancarios y financiar la compra de las propiedades”.

A los documentos, agregaron que la Contraloría reprochó en marzo pasado “al superintendente por faltas a la probidad administrativa de uno de sus asesores de mayor confianza”.