PUC reconoce siete investigaciones por violencia sexual en Campus Oriente

La Universidad Católica salió al paso de la toma feminista del Campus Oriente, señalando que existen procesos en contra de dos académicos y cinco estudiantes.

En un comunicado, dado a conocer por radio Cooperativa, señalaron que “durante el año 2018, las autoridades de la unidad lideraron un importante trabajo orientado a mejorar la convivencia al interior de la comunidad, apoyados en estos esfuerzos por profesionales expertos en el área. Se trata de un trabajo al que cabe sumar una intensa labor de Secretaría General”.

Junto con ello, rechazó la toma del campus, apuntando que “sorprenden y decepcionan las decisiones adoptadas por este grupo de jóvenes que se encuentra en asamblea al interior las dependencias de Campus Oriente, y que no forman parte de los organismos formales de representación estudiantil con que cuenta la universidad a nivel general y de escuelas, y con los cuales se está trabajando actualmente en diferentes ámbitos que se vinculan con temas de violencia de género”.

“La Universidad está y estará comprometida con el diálogo, y lo seguirá estando permanentemente de manera de resolver los casos. Sin embargo, rechaza esta toma que violenta a toda la comunidad, y en particular a la comunidad de la Facultad de Artes que ha trabajado con gran compromiso en estas materias”, señaló la autoridad universitaria.

En la misma línea, reconoció que existen denuncias “por situaciones de violencia sexual y otras que, no siendo de violencia sexual, constituyen comportamientos impropios, consistentes en violencia física, acoso y hostigamiento”.

Respecto a las denuncias contra alumnos, la institución indicó que tres de los casos son por “violencia sexual en un domicilio particular”, por lo que se instruyó separación de espacios hasta fin de año como medida de resguardo.

Por su parte, las otras situaciones corresponden a “hostigamientos, bullying y maltrato”, que están en etapa de investigación.

En cuanto a las denuncias contra académicos, un proceso terminó con la petición de renuncia en enero de 2019 de uno de los involucrados, mientras que el restante está en etapa de notificación de sanción por comportamientos impropios.