Ofician a Superintendencia de Salud por su disputa legal con isapre Masvida
El oficio pide que se explique con claridad "cuál ha sido la trama que se origina hace más de un año y medio y que mantiene congelados miles de pagos, en desmedro de los derechos de los exafiliados a Masvida".
El diputado Gabriel Silber (DC) envió un tercer oficio a la Superintendencia de Salud para que se pronuncie sobre la disputa legal que mantiene con la isapre Nueva Masvida, la que fue calificado como un “escándalo” por el parlamentario.
Según explicó el legislador, el oficio enviado este lunes le pide a la entidad reguladora que explique con claridad “cuál ha sido la trama que se origina hace más de un año y medio y que mantiene congelados miles de pagos, en desmedro de los derechos de los exafiliados a Masvida”.
“A estas alturas, donde ya nadie entiende nada, oficiaremos nuevamente a la Superintendencia de Salud respecto a la situación de los cotizantes de la Isapre Masvida que llevan más de un año pagos y reembolsos que no les han sido canceladas, lo que se ha complicado aún más”, agregó el diputado.
En esa línea, Silber planteó que “la sucesora legal de la isapre, ahora Nueva Masvida, mediante ardides de carácter jurídico está bloqueando el pago de un fondo de garantía que se había creado expresamente para satisfacer, en primer lugar, las demandas de los cotizantes generada a partir de la situación de insolvencia de esta Isapre”.
“Llevamos ya dos oficios de fiscalización, los cuales no han sido satisfechos ni contestados desde el punto de vista legal y, en consecuencia, las dudas asaltan ya no solamente respecto del rol de Nueva Masvida, sino que efectivamente de la superintendencia como un coayudante que está favoreciendo a bloquear o pasar a llevar la situación de los cotizantes”, prosiguió el parlamentario.
Por último, el legislador pidió claridad respecto de “la existencia del Fondo de Garantía, creado para responder a las deudas con los exafiliados de la exisapre Masvida, conocer donde se encuentran esos recursos, si se han gastado o no, a quienes se les pagado, qué medidas de resguardo está adoptando el ente regulador para proteger los intereses de las personas”.