Organizaciones migrantes exponen ante la CIDH sobre las expulsiones y solicitudes de refugio en Chile

Como el inicio de un proceso de diálogo entre las organizaciones y el Gobierno de Chile calificaron la realización de la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denominada “Situación de las personas migrantes en Chile”, cita desarrollada  en Jamaica.

“Algunos piensan que esta es una demanda contra el Estado, pero no. Esto es el inicio de un proceso. Creemos que las restricciones y regresiones de las políticas migratorias así como la reducción del espacio humanitario son una realidad en la región”, explicó Marcel Didier, uno de los abogados representantes de la docena de organizaciones que solicitaron esta audiencia desarrollada en el marco de su 172 periodo de sesiones.

“La situación se vuelve más crítica con algunas decisiones que se han tomado en materia en el último tiempo en Chile, y que han comenzado a replicarse en otros países, motivo por el cual efectuamos esta solicitud de audiencia”, detalló el abogado, afirmando que  “hoy se cometen graves vulneraciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiados, entre ellas, la dictación de órdenes de expulsión sin respeto alguno a las normativas del debido proceso, la ejecución de las mismas sin respeto a la dignidad de las personas, y sin la posibilidad de ejercer el derecho a la prescripción judicial, la falta de un adecuado tratamiento en frontera de las personas que presentan necesidad de protección internacional, la vulneración de las obligaciones estatales en materia de reconocimiento a la convención de refugiados y refugiadas, y el desconocimiento de derechos fundamentales en el proyecto de ley que de discute hoy en el congreso nacional”.

Sobre esto último, señaló, si bien las organizaciones reconocen que este proyecto tiene avances, “no cumple con los estándares interamericanos de DDHH”. Al respecto, los representantes solicitaron que la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes informe al gobierno de Chile los estándares mínimos que pone la CIDH, dado que “no basta con decir que cumplimos con la ley”.

Plan de fiscalización

Esta audiencia pública, además, se da en el contexto del inicio del “Plan de fiscalización” anunciado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, donde las policías ya han realizado desde inicios del mes de mayo 1.985 procedimientos, buscando personas en situación de irregularidad que no se hayan inscrito en el proceso de regularización. Según proyectaron las autoridades, esperan realizar 85 mil fiscalizaciones en lo que queda del año en la intención de expulsar unas 12.000 personas.

Al respecto, el asesor del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, aseguró en la audiencia que “no hay una meta para realizar expulsiones. Lo que se ha señalado es que hemos heredado un número importante de expulsiones judiciales anteriores al 11 de marzo del 2018”, a pesar de lo señalado por el diario El Mercurio desde información oficial del gobierno.

Este plan, señalaron desde el Movimiento de Acción Migrante (MAM), representa “más que el fomento de la regularidad, la voluntad de mostrarse como ‘expulsor de migrantes’ con un populismo punitivo que, insistimos, desconoce la realidad migratoria nacional y mundial donde este tipo de procesos de regularización son más constantes y parte de las políticas públicas de regularidad migratoria, más que un muestrario de cómo expulsar por vía administrativa a miles de migrantes, generar terror y los votos de los más desinformados sobre la migración y sus aportes a la sociedad”.