Por el necesario balance entre trabajo y familia

Vivimos en un dinámico mundo laboral que requiere una reestructuración de las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores. Ya lo planteaba en su momento la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya nueva Estrategia de Empleo proporciona un marco integral de política para impulsar mejores empleos y un mercado laboral más incluyente y resiliente. Pero así también ha puesto énfasis en el incremento de varias formas de trabajo flexible, incluidos los empleos temporales y autoempleo.

Los países desarrollados avanzan en esta línea, donde la palabra adaptabilidad va tomando fuerza en el debate global sobre el paradigma del trabajo del futuro que nuestra sociedad requiere. En este anhelo no podemos descuidar la posibilidad de compatibilizar el justo equilibrio entre trabajo y familia. ¿Y por qué pongo acento en ello? Expertos en estos temas coinciden que trabajadores más considerados y satisfechos con su clima laboral pueden desempeñar con mejores resultados las tareas encomendadas. Y las empresas están mostrando más apertura para leer estas demandas de la vida moderna y responder a ellas.

Ello, sin duda, implica el derecho a decidir sobre las condiciones laborales como el redistribuir la jornada de trabajo. Este reajuste ya está sucediendo en algunas compañías en Chile, no de manera masiva, pero sí es una realidad. Por ejemplo, se permite salir más temprano los viernes compensando durante la semana las horas no trabajadas ese día. ¿Por qué no extender este beneficio a otros trabajadores que lo necesitan ya sea para estar más tiempo con sus hijos o para dedicar tiempo a otras tareas importantes en sus vidas?

Qué oportuno entonces es el reciente anuncio del proyecto de Modernización Laboral del gobierno. Su fin no es más que mejorar la calidad de vida de quienes son pieza clave de la fuerza laboral del país. La iniciativa viene a crear más oportunidades para los trabajadores, dándoles más libertad para decidir la jornada laboral que mejor estimen.

Esta ley va a permitir expresar las preferencias personales, y adecuarse con mayor libertad a la jornada laboral a esas opciones. Cabe enfatizar que nada de lo que contiene este proyecto se diseñó para precarizar los derechos de los trabajadores legítimamente ganados, y que resulta ser la reacción automática e inmediata frente a cualquier intento por modernizar nuestra legislación laboral.

Dentro de las medidas de adaptabilidad de la jornada laboral es destacable la posibilidad de pactar un sistema excepcional de distribución de la jornada, así como el hecho de poder cambiar dos domingos de descanso al mes por 12 meses al semestre, y la regulación de la suspensión del contrato de trabajo (que actualmente no está en el Código del Trabajo).

Pactar una jornada mensual de 180 horas distribuida en forma diferente cada semana sería una alternativa a la actual jornada ordinaria de 45 horas semanales. Una redistribución horaria que se adapta a la tendencia mundial en la misma línea de la figura de las bolsas de horas extraordinarias, donde el límite de trabajo estará dado por la semana o el mes (en lugar del máximo de 12 horas extraordinarias a la semana que hoy existe).

Es fundamental aclarar que la idea de adaptar la jornada laboral durante las vacaciones de la esposa y de los hijos del trabajador no significa alterar el feriado legal, sino simplemente tratar de conciliar en trabajo con la vida de familia.

Es así como la reforma laboral se hace cargo de aspectos importantísimos de la economía digital hacia la cual avanzamos a pasos agigantados a través de la regulación de los servicios prestados a través de plataformas digitales.

Con todo, un proyecto que en sus bases busca modernizar el mundo del trabajo y las relaciones contractuales no puede no hacerse cargo de la inclusión de las personas con discapacidad. En sintonía con los lineamientos del ministerio del Trabajo, la reforma brinda la oportunidad de conseguir un empleo digno, y en igualdad de condiciones, disponiendo del reconocimiento y certificación de los estudios realizados por personas con discapacidad, y se establece una multa por incumplimiento a la Ley de Inclusión y acciones de cumplimientos alternativos a esta ley como son las donaciones, becas y capacitaciones.