El sistema volvió a fallar

En lo que va del año, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas ya llegó a 18, en tanto que los femicidios frustrados alcanzan los 38 si consideramos el ataque de este jueves que mantiene muy grave a otra víctima de violencia de género en Colina.

Lo cierto, es que nuevamente nuestro país se estremece con casos como el de Mariela Naigual, ocurrido en Osorno, quien fue asesinada por su conviviente, en un hecho lamentable que se suma a la reciente tragedia familiar de Los Ríos, originada en la violencia de género de un joven que asesinó a la madre y hermana de su pareja de tres años, dejándola grave a ella y a su padre.

Estas historias nos recuerdan el doble homicidio de Gabriela Alcaíno y su madre, quienes fallecieron en manos del expololo de la joven en junio del año pasado. Aquello dio origen al proyecto “Ley Gabriela”, cuyo fin es ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer por motivos de odio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima.

Esta iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre pasado, hoy se estudia en la Comisión de Mujer del Senado, donde hemos acordado darle urgencia, aumentando las sesiones mensuales para avanzar tanto en éste como en otros proyectos afines.

Casos de esta naturaleza nos llevan a reflexionar respecto a la necesidad de modificar el Código Penal, tal y como propone la Ley Gabriela, para que las penas a estos homicidas sean acordes a la gravedad de los hechos. Ocurre que por no existir convivencia con las víctimas, en el caso de Gabriela y la joven de la región de Los Ríos, estos crímenes no serán juzgados como femicidios.

Por otra parte, respecto del asesinato ocurrido en Osorno, surge la interrogante respecto a las medidas precautorias, sobre todo porque así como en otros casos, ya existía una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF); y pese a que la mujer realizó la constancia en Carabineros, el documento no llegó a la Fiscalía sino hasta después de su deceso. Es decir, el sistema nuevamente falló, esta vez por responsabilidad de un funcionario de la institución.

¿Por qué este último caso o los otros 42 femicidios que tuvieron lugar el 2018, más los casos de este año no pudieron evitarse, si un 42% de las mujeres víctimas se habían acercado a denunciar a Carabineros, la PDI o el Ministerio Público? ¿Bastan las medidas cautelares que pueda determinar un tribunal para evitar una tragedia? Precisamente éste es uno de los puntos claves, que como legisladores tenemos el deber de evaluar para evitar que el sistema vuelva a fallar afectando directamente a miles de mujeres –y sus hijos- que son víctimas de VIF en Chile.

De acuerdo a cifras entregadas por Carabineros de Chile a la Comisión de Mujer del Senado, en el contexto de la discusión del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, durante 2018 hubo un total de 28.326 medidas cautelares por VIF. Por cada 10 medidas precautorias, hay un promedio de dos detenidos por desacato.

Diversos expertos y organizaciones han advertido respecto a la poca efectividad de las medidas precautorias porque, en el caso de las órdenes de alejamiento, sólo son disposiciones disuasivas que no otorgan tranquilidad a la víctima cuando el agresor está dispuesto a matarla.

Por tanto, si la medida cautelar no se acompaña de otras medidas accesorias y complementarias de seguridad, como un brazalete de geolocalización, será prácticamente nula para proteger a una mujer que sufre de Violencia de Género. Cuando el sistema falla le fallamos no sólo a las mujeres, sino también a sus hijos, a sus familias y a la sociedad.