Avanza proyecto para sancionar amedrentamiento en funerales de alto riesgo
La iniciativa del diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) fue aprobada por unanimidad en su idea de legislar en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la idea de legislar del proyecto de ley que busca sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta o entrega de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares.
El proyecto, impulsado por el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), va en la línea de de atacar los llamados funerales de riesgo social o “narcofunerales”, tal como el proyecto de antiamedrentamiento anunciado por el gobierno.
De todas formas, el Ejecutivo introducirá algunas indicaciones a la normativa, las que complementarán el proyecto, especialmente en el punto de subir las penas si la utilización de fuegos artificiales turba la tranquilidad pública o pone en peligro la seguridad de terceros.
El proyecto original plantea que las penas vayan de los 541 días a los cinco años, mientras que el gobierno estima que si estos elementos son usados para causar temor en la población, la pena debe partir en tres años y un día y terminar en cinco años.
El Ejecutivo también pretende introducir modificaciones para sancionar el uso de armas en este tipo de funerales, pues la actual Ley de Control de Armas sanciona más rigurosamente si el disparo se ejecuta en, desde o hacia un lugar público, pero la idea del gobierno es que un disparo tenga la misma sanción si se produce en un lugar público o en un lugar privado.
Actualmente, el disparar un arma de fuego tiene una pena de 3 años y un día a cinco años, pero el Ejecutivo pretende aumentar la pena de 4 a 5 años si se perturba gravemente la seguridad pública o se infunde temor en la población.
Sobre el uso de material bélico, armas hechizas o armas de fogueo, la ley sanciona dicha utilización con penas que van de los 5 años y 1 día a 10 años, mientras que el gobierno propone que las penas partan en 7 años y medio y terminen en diez años, si se turba la tranquilidad o se infunde temor en la población.
