Consejo de Monumentos autoriza la demolición del último edificio de la Villa San Luis
Desde la Fundación Villa San Luis aseguraron que la medida "menoscaba profundamente" la credibilidad del organismo.
Este miércoles, el Consejo de Monumetos anuló la decisión de los tribunales, y que fue ratificada por la Corte Suprema, de declarar como Monumento Histórico la Villa San Luis y ordenó la demolición de los últimos vestigios del proyecto urbano inaugurado durante el gobierno de Salvador Allende.
A través de un comunicado informaron que “tras varios meses de análisis, con informes técnicos a la vista y después de escuchar a todas las partes interesadas, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó la propuesta del propietario del predio, la Inmobiliaria Presidente Riesco, de construir a su costa un espacio de memoria en los terrenos pertenecientes a la ex Villa San Luis de Las Condes, en un área máxima de 500 m2, y considerando un presupuesto total de 20.000 UF. Asimismo se acuerda solicitar la modificación del Decreto N°135, que en 2017 declaró Monumento Histórico (MH) el Lote 18 A-1, con sus 4.329 m2, y ajustarlo al límite del memorial”.
“Lo anterior se decide considerando, entre otros factores, el informe técnico de revisión de ingeniería estructural de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que plantea la urgente necesidad de proceder a la demolición del block 14, la última edificación de lo que fuera la Villa San Luis de Las Condes”, agregaron.
El presidente de la Fundación Villa San Luis, Jaime Díaz Lavanchy, aseguró en Radio Universidad de Chile que la decisión representa un “profundo dolor” para quienes vivieron en el lugar y cuestionó al Consejo de Monumentos. “La decisión tomada el día de ayer por el Consejo de Monumentos Nacionales menoscaba profundamente su credibilidad. Lo pone en la lista negra de las instituciones del Estado. Es un golpe brutal y, ante esto, se debe pronunciar la Ministra de las Culturas”, dijo.
“También creemos que Contraloría General de la República deberá revisar el acto administrativo que se ha decidido para evaluar posibles irregularidades y actos de corrupción. Lo que hay detrás de esta decisión es la sinfonía que tiene el Gobierno de Chile con los empresarios y la falta de empatía respecto de la ciudadanía. Aquí ha primado el negocio inmobiliario por sobre el patrimonio y, ante eso, debe responder el subsecretario Emilio de la Cerda”, puntualizó.
