Velar por los niños es proteger el derecho preferente de los padres para su educación

A comienzos de esta semana, el gobierno tomó la decisión de no perseverar con la reforma constitucional impulsada por la oposición, donde se establece la autonomía progresiva de los menores de edad. Esto porque el proyecto contraviene el derecho que tienen los papás de educar de forma preferente a sus hijos, lo que podría traer consecuencias graves para nuestra sociedad.

El concepto de autonomía progresiva se refiere a la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Sin embargo, es muy difícil que, a temprana edad, los niños y niñas tengan un criterio formado, por lo que necesitan de adultos que velen por el cumplimiento de sus derechos.

En virtud de esta autonomía progresiva mal entendida, los niños, niñas y adolescentes podrían cambiar su sexo, hacerse un tatuaje, pedir que se le suministre la eutanasia o solicitar que se les practique un aborto, aun cuando sus padres estén en contra. Además, este principio viene a afectar la facultad de representación y algunas facultades, deberes y responsabilidades de la filiación como la educación o la religión que tienen los padres.

Creer en la educación centrada en la familia y hacer valer el derecho preferente de los padres para criar a sus hijos, es el camino al que debemos apuntar. ¿Quién mejor que un padre o una madre para velar por el derecho de su hijo o hija? ¿Quién más conoce a su hijo, sus necesidades, sus fortalezas y debilidades que ellos mismos? El deber del Estado es garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan derechos y estos sean cumplidos, pero en lo que respecta a la crianza y la entrega de valores, son los padres quienes deber tomar las decisiones, siendo apoyo, guía y contención en aquella etapa de la vida donde se está en constante aprendizaje y no se tiene la conciencia, madurez ni las herramientas para velar por uno mismo.

Por otra parte, este principio se contrapone con instituciones jurídicas propias del Derecho Civil como la patria potestad, la que establece que son los padres quienes tienen la potestad de decidir sobre los bienes de sus hijos o hijas menores de edad y de representarlos. Es precisamente esto lo que genera contradicciones con el concepto de autonomía progresiva, pues al considerarla, la representación de los padres irá disminuyendo a medida que los hijos adquieran mayor autonomía, siendo que estos no cuentan con un grado de madurez suficiente.

Darle cabida a este tipo de iniciativas va en desmedro de la familia y el debilitamiento de las relaciones filiales, además de poner al Estado en una posición que no le corresponde.