Contraloría lleva a Maipú, San Ramón y a otros 8 municipios al Ministerio Público
La municipalidad que enfrenta mayor cantidad de recursos involucrados es Maipú, liderada por Cathy Barriga, donde se determinó en la revisión de los gastos e ingresos del servicio municipal de agua potable (Smapa) que hay 6.660.790.096 pesos no respaldados.
La Contraloría General de la República derivó al Ministerio Público los antecedentes que podrían ser constitutivos de delito en 10 municipios en los cuales realizó auditorías.
Estas auditorías se concretaron entre enero y diciembre de 2018, y las municipalidades que serán vistas por la Fiscalía son Viña del Mar, La Cruz, Villarrica, Los Vilos, Maipú, Punta Arenas, Salamanca, Puerto Varas, San Ramón y Santa Cruz, donde esta última enfrenta una demanda de la propia Contraloría, consignó La Segunda.
La municipalidad que enfrenta mayor cantidad de recursos involucrados es Maipú, liderada por Cathy Barriga, donde se determinó en la revisión de los gastos e ingresos del servicio municipal de agua potable (Smapa) que hay 6.660.790.096 pesos no respaldados en aportes financieros reembolsables y entregados a empresas privadas y públicas del municipio.
La alcaldesa Barriga explicó que “la Contraloría General de la República, en auditoría realizada respecto al préstamo en cuestión, me informó en su resultado final que la obligación contraída y suscrita entre los años 2006 y 2013 bajo las administraciones de Alberto Undurraga y Christian Vittori adolecía de graves faltas toda vez que no se logró determinar ni el ingreso de los fondos ni el destino efectivo de tales recursos”.
La Brigada de Delitos Económicos de la PDI está realizando diligencias para poder dar con el paradero de los recursos.
Por su parte, en la Corporación Municipal de Punta Arenas se encontraron seis situaciones que podrían ser constitutivas de delito, que el alcalde RN Claudio Radonich acusó a administraciones anteriores.
“Además de la auditoría que solicitamos a Contraloría, encargamos una privada que confirmó lo que sabíamos: más de mil millones de pesos corresponden a dineros que no están suficientemente rendidos de 2009 a 2017. La administración anterior suspendió la unidad de control”, expresó Radonich.
San Ramón
En Salamanca no se ejecutó la Plaza Santa Rosa, para lo cual se habrían recibido recursos de Minera Los Pelambres por 173.293.162 pesos que no se informaron, además de pagos a distintos proyectos vinculados al acuerdo, con cargo a cuentas corrientes con fines exclusivos por 131,6 millones de pesos.
Por su parte, en el Departamento de Educación de Puerto Varas se encontró una cuenta corriente para la administración de fondos SEP por 374.267.090 pesos, el que cubre el remanente del programa ascendente a 859.951.716 pesos, ante lo cual el alcalde Ramón Bahamonde culpó a la administración anterior.
Respecto a la municipalidad de San Ramón, la Contraloría dio cuenta de hechos que están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos Violentos, Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Sur.
En el primero, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, José Miguel Zapata, estuvo en conocimiento de licitaciones entregadas a empresas de las cuales era dueño, incluso participando de las evaluaciones de los proyectos.
A esto se suma que el alcalde Miguel Aguilera compró una propiedad en 2016 por 13.155 UF, de los cuales pagó 4.604 UF en efectivo, el cual subió a más de 100 millones de pesos en la fecha de adquisición, los cuales no fueron justificados.
