Terrorismo: adversario del Estado y enemigo poderoso

La explosión de un artefacto en la 54a Comisaría de Huechuraba que dejó a ocho Carabineros heridos abre la posibilidad de avanzar en la Ley Corta Antiterrorista estancada por representantes de oposición en el Parlamento.

No se ha logrado hasta ahora generar una reforma legal, pese a que en el Congreso se ha refundido la tramitación de dos iniciativas legales presentadas en 2014, a las que se ha sumado una indicación sustitutiva presentada por el segundo gobierno de Sebastián Piñera en abril de 2018.

La iniciativa busca establecer una nueva definición penal del terrorismo para que no sigan ocurriendo problemas de interpretación respecto de las conductas o actos que configuran este delito. Además, se incluían acciones como incorporar técnicas de investigación de mayor eficacia y sancionar aquellos actos terroristas que no fueron determinados como tal por la Justicia. Por otra parte, se incorporaban nuevas directrices en lo que se refiere a la protección de testigos, se buscaba crear la figura del “cooperador eficaz”, y para lograr que efectivamente se apliquen las penas correspondientes, se proponía restringir beneficios a los condenados por la Ley Antiterrorista.

Todas estas propuestas apuntan a solucionar el problema de seguridad a aquellas familias que viven permanentemente con el miedo de sufrir ataques a sus tierras y bienes, incluso a ellos mismos, dado que corren el riesgo de ser incendiados en actos de violencia extrema como los que han sucedido en nuestra región.

Si la oposición no está de acuerdo, lo que necesitamos hoy es acercar posiciones en torno a los cambios que requiere este proyecto, para estar claros de si estamos hablando o no de delitos calificados. Si el tipo penal descrito por esta ley no ha permitido utilizarla con eficacia en ningún sector de Chile, como afirma el senador Huenchumilla, entonces lo invito a no restarse de las nuevas definiciones que la fortalecerán.

Me parece bien que, dentro del espacio para hacer más eficaz la ley, esté el entregar algunas facultades a los fiscales, de manera de apoyar las labores de investigación de este tipo de actos de extrema violencia, pero también cabe preguntarse cómo le concedemos al Estado los mecanismos o herramientas para indagar, desde el punto de vista procesal penal, un delito de esta naturaleza.

Acusar al gobierno de aprovechamiento político en este tema, cuando hemos vivido episodios realmente graves y que atentan no sólo contra nuestra seguridad, sino también contra nuestra democracia, es falta de sentido común y cero miradas de país.

A estas alturas, ya es de extrema urgencia prevenir que este tipo de situaciones ocurran, y para eso la reforma debe dotar a las policías de nuevas atribuciones en el combate al terrorismo en nuestro país. Si bien, la cantidad de condenas en el marco de la actual ley han sido escasas gatillando críticas respecto de una supuesta debilidad estructural que tendría esta, no podemos conformarnos con una aplicación limitada de la normativa y a fin de cuentas un accionar poco efectivo. Es por todo esto que #YoApoyoALasPolicias y #YoApoyoLeyAntiterrorista.