El proyecto del Gobierno que busca ampliar servicios mínimos en huelga

Por estos días, el Ministerio del Trabajo no sólo ha estado enfocado en el Congreso en las reformas legales vinculadas a la extensión de la jornada laboral o al sistema de previsión social.

A través de un mensaje ingresado en la Cámara de Diputados el pasado 6 de agosto, el Gobierno también busca impulsar una modernización de la Dirección del Trabajo (DT), en el marco de las iniciativas de modernización del Estado que comprometió en su programa de gobierno.

En sus 91 años de funcionamiento, este organismo enfrenta un momento crucial en su rol de promoción y resguardo del derecho del trabajo, considerando los índices de gestión y atención.

En un informe de diciembre de 2015, se evaluó la gestión de la DT respecto a los procesos de fiscalización, conciliación y atención de usuarios. Los resultados del informe determinaron que en la Región Metropolitana una fiscalización reactiva puede llegar a tener una demora de 50,5 días en promedio. En cuanto a la conciliación, el promedio de espera en regiones (sin considerar la Metropolitana) es de 14 días. Mientras que respecto a atención de usuarios, el informe señala que el tiempo de espera en oficinas es de entre 45 y 73 minutos.

Con estos antecedentes a la vista, el Gobierno ingresó una serie de indicaciones respecto a nuevas herramientas tecnológicas que se podrían aplicar en la DT, con el objetivo de agilizar y modernizar su función. Tales como las notificaciones de los procesos vía mail, el registro electrónico de nuevos contratos, entre otras, como la facultad del director del Trabajo para convocar, excepcionalmente, a asesores y mediadores externos que colaboren en el proceso de resolución de controversias.

Asimismo, se incluye una modernización de la planta de funcionarios, que comprende desde un nuevo procedimiento de nombramiento del director nacional (cuyo nombre debería ser consultado al Senado) hasta cambios en las plantas de funcionarios.

Algunos de los puntos de este proyecto estaban incluidos en un proyecto de ley presentado durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, en septiembre de 2017, el que finalmente fue retirado.

Sin embargo, además de estos puntos que corresponden al funcionamiento propiamente tal de la DT, el proyecto de ley incluye otros aspectos y que han despertado críticas a nivel político y técnico.

Ampliación de Servicios Mínimos

En el mensaje ingresado a la Cámara de Diputados, se establece, entre los objetivos del proyecto de ley, la necesidad de fortalecer el rol de la Dirección del Trabajo en materias sindicales. Bajo este punto, se proponen cambios en la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia que deba asegurar una empresa durante una huelga.

Los servicios mínimos fueron regulados en la ley que prohibió el reemplazo de trabajadores en huelga estableciendo, en cambio, la figura de los servicios mínimos.

Según el Gobierno, esta definición “eminentemente técnica”, se ha transformado en la práctica “en una especie de negociación colectiva previa” que dificulta los acuerdos entre trabajadores y empleadores y genera una carga de trabajo importante para la DT.

Así, se propone en el proyecto de ley que la determinación de los servicios mínimos se amplíe a “las necesidades relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, especialmente, de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, enfermos, adultos mayores y especies vivas”.

Asimismo, se propone que la comisión negociadora sindical esté obligada a proveer el personal necesario para “asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, tributarias y de pago de la empresa y proteger los bienes corporales, incorporales e instalaciones de la empresa”, entre otras.

El abogado Rafael Pereira, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que esta ampliación es una forma de enmascarar una restricción al derecho a huelga.

Para Pereira, es un ardid que estos conceptos estén incluidos en este proyecto de ley, sin que tengan relación necesariamente con el propio funcionamiento de la DT.

Señala, además, que como están definidos actualmente los servicios mínimos, ya se generan una serie de restricciones a la huelga, por lo que la DT es bastante restrictiva en otorgarlos.

“Con esto, prácticamente en todas las empresas podría haber justificación para pedir servicios mínimos, lo que contraría las prácticas en otros países, los convenios de libertad sindical, porque la huelga quedaría simplemente jibarizada”, señala el también ex subdirector de la DT.

Pereira comenta además que la propuesta de definir los servicios mínimos por sucursal o faena “atomizaría” los acuerdos y complejizaría las negociaciones colectivas, priorizando la necesidad de la empresa de seguir funcionando por sobre el derecho a huelga de los trabajadores.

Alerta de controversias

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, asegura que la inclusión de estos aspectos en este proyecto de ley es porque precisamente una de las funciones y competencias de la DT es la definición de servicios mínimos.

“En consecuencia, no es de extrañarse que esté en este proyecto y no en otro”, asegura Arab, quien agrega que las modificaciones responden además a sugerencias del Consejo Superior Laboral, que alertaron de las controversias que surgen en la configuración de los servicios mínimos.

Con esto se refiere a las demoras que se presentan actualmente en la DT en la calificación de servicios mínimos (que pueden llegar a tardar un año), perjudicando a los trabajadores porque dilata los procesos de negociación colectiva, y a la idoneidad y experiencia de los funcionarios de la DT para calificarlos.

“Por eso en el mismo proyecto se establece la figura del panel técnico de expertos para que se haga cargo en determinados casos”, agrega Arab.

Este panel -con supervisión de la DT- definirá los servicios mínimos en empresas por sobre los 200 trabajadores, mientras que los con menos de esa misma cantidad será la propia DT la que los definirá.

“Con esto se busca acelerar los procesos de calificación para evitar retrasos que perjudican a los trabajadores y darle mayor expertise a la calificación de los servicios mínimos”, argumenta el subsecretario Arab.

El proyecto de ley plantea que este grupo sea colegiado y estará conformado por tres miembros titulares y dos suplentes; deberán contar con un título profesional, tener como mínimo 8 años de ejercicio de su profesión o especialidad, y estar inscritos en la nómina nacional de profesionales y técnicos del panel técnico. Los miembros del panel serán elegidos por el director del Trabajo “considerando la experiencia y formación de cada experto en el rubro o actividad económica de la empresa cuyos servicios mínimos y equipos de emergencia se solicita calificar”.
No se establece como requisito que sean expertos en legislación laboral.

“Aquí la mirada es expansiva y extensiva de los servicios mínimos, cuando la mirada tiene que ser restrictiva porque estamos hablando del derecho fundamental de la huelga”, señala por su parte Rafael Pereira.

“Desprotección absoluta”

La presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomanns (CS), comparte las críticas y pone el foco en la protección de bienes incorporales propuesta en el texto del Ejecutivo con el valor accionario de una empresa.

“Cuando una empresa en Chile diga que están bajando sus acciones en el mercado de valores va a ser excusa suficiente para solicitar servicios mínimos. Ya hemos visto cómo ha sido mal utilizado por las empresas para extender ese plazo de servicio mínimo. Estamos hablando de un proceso de negociación colectiva que no llega nunca, por lo tanto, estamos hablando de una desprotección absoluta”, señala Yeomanns.

Para la diputada frenteamplista es “lamentable que bajo la excusa de la modernización de la Dirección del Trabajo se quiera pasar gato por liebre ingresando aspectos que tienen que ver con la visión más ideológica del Gobierno”, al introducir conceptos que irían en contra de los trabajadores.

Respecto a una externalización de la definición de servicios mínimos al quedar a cargo de un panel de expertos, Yeomanns asegura que “hay un peligro inminente” por los intereses que este panel pudiera tener reduciendo la capacidad de negociación de los trabajadores. “El peligro más grande es precisamente respecto a los grandes empresarios y eso hay que considerarlo”, dice.

La inclusión de “especies vivas” y “abastecimiento de alimentos” permitiría que, por ejemplo, las empresas de salmonicultura y ganadería y los supermercados negocien servicios mínimos con sus trabajadores, agrega.

De la misma manera, el cumplimiento de las “obligaciones tributarias, laborales y previsionales” como servicio mínimo permitiría que las áreas de administración, recursos humanos o contabilidad de todas las empresas puedan ser solicitadas como servicios mínimos.

El derecho a la vida

Frente a esta ampliación de criterios, el subsecretario Fernando Arab asegura que esto se debe a que la práctica y los casos reales que se han presentado con la aplicación de la ley han dejado ciertos aspectos fuera de los servicios mínimos.

Ejemplifica este punto con el caso de una unidad de neonatología que, el año pasado, quedó sin la atención suficiente para los pacientes prematuros que allí se encontraban.

“Ningún derecho, ni el derecho a huelga ni de propiedad, puede estar por sobre el derecho a la vida”, dice Arab.
Respecto a inclusión de las obligaciones previsionales y tributarias como servicio mínimo, asegura que se justifica incluirlo porque es necesario mantener en la empresa a alguien que pague los sueldos y las cotizaciones de todos los trabajadores, esté o no en huelga.

“Aquí también hay una colisión de derechos: el justo derecho de algunos trabajadores para estar en huelga, pero también el justo derecho que tienen algunos trabajadores que no están en huelga a que se le sigan cumpliendo sus obligaciones”, detalla el subsecretario.

Agrega que estas modificaciones que se buscan en este proyecto de ley “para nada” coartan el derecho a huelga de los trabajadores. “Las mejoras que estamos haciendo han sido propuestas de manera transversal. Los servicios mínimos como están ahora son los que coartan los derechos de otros trabajadores. Acá no se está modificando esto para que la empresa tenga mejores condiciones o esté mejor preparada para un huelga. Cada una de estas modificaciones que estamos propiciando tienen que ver con derechos de otros trabajadores”, detalla Arab.

La autoridad descarta además que estas modificaciones sean una externalización de las funciones de la DT, ya que el panel técnico de expertos quedará bajo la supervisión del director y “no sería un organismo externo”. Asegura además que la formación de los miembros de este panel será determinado por un reglamento posterior a la promulgación de la ley, por lo que los criterios de formación en legislación laboral se incluirían en dicho documento.

“Quieren pasar gato por liebre”

En el ámbito político, la diputada de la Comisión de Trabajo considera que “en términos bien simples, el Gobierno busca que este proyecto pase piola, poniéndole este título pero ingresando este tema. Está implementando una estrategia en esta materia, que puedan negociar un voto más, un voto menos, y que finalmente se apruebe”.

Yeomanns, sin embargo, destaca la necesidad de modernizar las atribuciones de la DT, fortaleciéndola. Así, plantea que el proyecto podría avanzar de manera más expedita en su discusión legislativa si sólo se consideraran cambios a esta entidad, dejando fuera las indicaciones respecto a servicios mínimos. “Con el proyecto de ley que tenemos hoy vemos grandes peligros, porque quieren pasar gato por liebre”, sentencia.

Por esto, adelanta que la tramitación será “difícil”, por el rechazo que adelantan a lo que consideren “retrocesos o un peligro para la organización en los derechos de los trabajadores”.

Arab, por su parte, asegura que esta es “una discusión que hay que dar, estamos convencidos que este proyecto se va a aprobar, porque es la principal modernización de la DT de los últimos 40 años. La DT está anacrónica en los tiempos y es una materia en la que es necesario avanzar para modernizarse”.

Injerencia en sindicatos

Actualmente, los inspectores del trabajo, los notarios públicos, los oficiales del Registro Civil y los funcionarios públicos designados por la Dirección del Trabajo pueden actuar como ministros de fe en materia sindical.

Sin embargo, asegura el proyecto de ley del Gobierno, se han detectado algunas anomalías o faltas de diligencia en algunas materias en donde han intervenido otros ministros de fe, por lo que, “con el objeto de alinear los actos de mayor relevancia sindical a los estándares de transparencia y buena fe” esta iniciativa propone que en la constitución de un sindicato, renovación de su directiva sindical y elección de delegados sindicales, deban actuar en forma preferente como ministros de fe los inspectores del trabajo del lugar de prestación de servicios.

Para el abogado Rafael Pereira esta indicación establece un “monopolio” de ministros de fe de la Inspección del Trabajo en la constitución de sindicatos, renovación de directiva y elección de delegados sindicales y es una señal de desconfianza y restricción del quehacer sindical.

“Esto es profundizar el control estatal, en particular del Poder Ejecutivo, respecto de la acción sindical, contrariando la autonomía sindical. Y por otro lado, significa una recarga enorme de trabajo para la DT, porque muchas de estas actuaciones ahora los sindicatos las hacen ante notario, entonces se va a debilitar la acción fiscalizadora porque la DT va a tener que sacar de algún lugar funcionarios para hacer esa labor de ministro de fe”, cuestiona el abogado laboral.

Agrega que esta indicación va en sentido contrario de la pretendida modernización de la Dirección del Trabajo y fortalecer su función fiscalizadora.

“Detrás de este proyecto no hay claridad del rol de la Inspección o pretenden darle otro sentido, ya que la fiscalización de la normativa laboral queda tremendamente debilitada”, agrega.

El subsecretario Fernando Arab asegura que, por el contrario, estas modificaciones le dan más atribuciones de fiscalización a la DT, ya que “muchos sindicatos nos pidieron que fueran los mismos inspectores del trabajo los que fiscalizaran la constitución de un sindicato”.

Agrega que los principales perjudicados cuando se constituye un sindicato de manera irregular, en una notaría por ejemplo, los perjudicados son los propios trabajadores que pertenecen a sindicatos representativos y constituidos de manera regular.

Para responder a estas funciones, Arab señala además, es que se modificará la planta de funcionarios con tres asignaciones distintas: turnos, responsabilidad y especial.

“Lo que se le agrega en funciones por una parte también se descomprime por otra, por lo tanto no es correcto que aquí sólo se están agregando nuevas funciones y que se esté manteniendo todo tal cual”, concluye la autoridad.