La doctrina del desentendimiento político
"Un fracaso del SAE es estricta y exclusivamente, responsabilidad de quienes impulsaron el cambio y decidieron avanzar en esta línea sin oír o debatir".
Patrick Poblete es Investigador en Instituto Res Publica.
La antesala de la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la Región Metropolitana generó un arduo debate respecto a las implicancias de su puesta en marcha y, en caso de generarse problemas, sobre quién sería el responsable de ellos.
Resulta habitual hoy el fenómeno del “desentendimiento político”, donde diferentes actores que, durante el periodo presidencial y legislativo anterior impulsaron reformas que tendrían implicancias futuras negativas y que fueron advertidas por otros actores políticos, critican con vehemencia a la autoridad actual al momento de presentarse los anunciados efectos. Dicha crítica se basa, principalmente, en las posiciones de cada uno en el espectro político y responsabiliza al oficialismo actual de situaciones previsibles, generadas por la autoridad anterior y que fueron deliberadamente ignoradas por ella, eludiendo su grado de responsabilidad.
Es al menos cuestionable ver a personajes políticos, senadores y diputados, intentando con todos sus medios traspasar al actual Mineduc la responsabilidad de una anunciada implementación problemática del SAE en la Región Metropolitana, alimentando la ofensiva de la oposición que busca lavarse las manos ocultando su indiscutible responsabilidad.
Los alegatos enrostran una supuesta inactividad por parte de la actual administración para informar a los apoderados sobre el proceso, como la causa de los problemas que se prevén surgirán tras la puesta en marcha. Para el infortunio de la actual oposición, en los tiempos digitales sobreviven las evidencias de las advertencias que hizo la oposición de la época sobre los problemas del Sistema de Admisión Escolar: injusticias cuando el azar prima sobre otros aspectos fundamentales como el mérito, vulneración del derecho preferente de los padres, disminución de la diversidad del sistema e incertidumbre a raíz de la aleatoriedad, entre otros.
Frente a lo anterior hay que hacer una obligatoria consideración. Un fracaso del SAE es estricta y exclusivamente, responsabilidad de quienes impulsaron el cambio y decidieron avanzar en esta línea sin oír o debatir. La tónica de las posiciones políticas de trinchera y con anteojeras ideológicas que estuvieron presentes en la concepción de las reformas, hoy se expresa con la imposibilidad absoluta de una autocrítica a sus efectos.
Contrario a lo que se podría pensar, esta dinámica no es novedosa, pues ha sido utilizada en reiteradas ocasiones en lo que va de este ciclo político en, por ejemplo, las implicancias de la gratuidad universitaria.
En términos de la gratuidad universitaria, el anunciado déficit estructural generado en los planteles, la progresiva disminución de la autonomía de los equipos directivos en la toma de decisiones, los efectos de la fijación de precios y aquellas externalidades provenientes de la estructura universal del beneficio, como la pérdida de la cobertura para aquellos estudiantes que demoren más de la duración formal de la carrera, son efectos negativos previamente conocidos de la política pública y que hoy la oposición esconde bajo la alfombra del debate público o bien, trata de endosar nuevamente a este Ministerio de Educación a través de alegatos de falta de soluciones pero obviando, deliberadamente, su responsabilidad en la causa del problema.
Es necesario recordar entonces, cada vez que la oposición apele al desentendimiento, las responsabilidades correspondientes. Que no paguen otros los excesivos lujos ideológicos anteriores.
