La COP25 que no fue y la nueva Constitución

Aunque muchos esperábamos la realización de la COP25 en Chile para poder ser parte de la discusión donde gobiernos, organizaciones y actores sociales de todo el mundo abordarían los compromisos surgidos a partir del Acuerdo de París de 2015 y la urgencia de cumplirlos, en el marco de la actual crisis climática mundial, la noticia de que finalmente no se realizará en nuestro país, debe llevarnos a varias reflexiones en el actual contexto de movilización social y crisis institucional que vivimos.

Lo primero, es que más allá de las intenciones del gobierno de asumir este desafío tras haberlo desechado Bolsonaro, para tratar de erigir al actual mandatario en una suerte de líder mundial del ambientalismo, su realización en Chile era sin duda una gran oportunidad: tanto para establecer ese diálogo necesario con nuestros visitantes, como para relevar nuestras propias problemáticas ambientales, entre ellas el desafío de una verdadera descarbonización, la existencia de zonas de sacrificio, una megasequía y la verdadera protección de algunas de nuestras riquezas naturales, como lagos y ríos, glaciares, bosque nativo, montañas, turberas y humedales.

Y aunque para el gobierno la COP25 era una suerte de evento, más que la continuación de un proceso que se viene desarrollando con altos y bajos desde la cumbre de París, buscando cumplir y elevar los compromisos asumidos para tratar de contener el calentamiento global que nos agobia, se trataba de un espacio de diálogo político y diplomático relevante, que nos posicionaba en un lugar privilegiado en esa conversación que busca consolidarse: que se entienda que no es posible apostar solo al crecimiento infinito, a los equilibrios macroeconómicos y al chorreo, sino a un desarrollo integral y sustentable.

Para el caso de Chile este diálogo está en el centro de la actual crisis institucional que enfrentamos. Porque no se trata solamente del pasaje del Metro, de las pésimas pensiones y la deficiente salud pública, sino del tema de fondo: un modelo económico sustentado en la explotación de los recursos naturales, que ha permitido hasta nuestros días, por ejemplo, la existencia de un Código de Aguas que crea un mercado privado del recurso hídrico y hasta hoy no permite que el derecho humano al agua se haga efectivo.

La decisión de declinar la realización de la COP25 aludiendo señales políticas y razones de seguridad, puede leerse también como un intento de no enfrentar un escenario de manifestaciones, con muchos de los miles de participantes solidarizando con el movimiento ciudadano, internacionalizando aun más estos hechos ante la opinión pública mundial, pero sobre todo, es quizás un intento de preservar una imagen país de país modelo, de oasis, que desde hace mucho tiempo viene deteriorándose y que tras este movimiento cívico multitudinario, definitivamente se derrumbó.

En todo caso, la adopción de esta medida no debe significar, en ningún caso, que los temas que pueblan la agenda ambiental nacional se relativizan o salen del centro de la atención social y política. Porque donde sea que se realice la COP, habrá que seguir evidenciando la injusticia social que significa la vida que llevan miles de personas en Tocopilla, Quintero, Puchuncaví, Coronel debido a la pésima calidad del aire debido a la concentración de centrales termoeléctricas que representan todavía el 40% de nuestra matriz eléctrica; la crisis hídrica que existe no solo por razones climáticas, sino también por la especulación de los “dueños” de los derechos de las aguas y la necesidad de seguir exigiendo al Ejecutivo que suscriba el Acuerdo de Escazú, algunas de las medidas que integran la larga lista de pendientes en esta materia.

Esta inequidad ambiental y territorial, que afecta la vida de muchas personas, comunidades y territorios, es un elemento más que refuerza la necesidad de avanzar decididamente a un nuevo ordenamiento constitucional, pacto político-social o refundación democrática que entre sus pilares fundamentales considere la equidad, solidaridad y sustentabilidad. Porque la protección del medio ambiente no puede seguirse viendo como un “problema” o una contingencia específica o particular, sino como parte del catálogo de derechos sociales que deben formar parte del Chile que quiere nacer, para asegurar la vida y el bienestar de todos los chilenos y chilenas en este siglo.

Es lamentable que perdiéramos la posibilidad de tener al mundo en Chile hablando de cómo salvar al planeta en la actual crisis ambiental. Pero, sin duda, los conflictos postergados y pendientes de nuestra sociedad, incluidos los ambientales, requieren hoy la concentración de todos nuestros esfuerzos y voluntades.

En esa tarea, seguiremos tratando de aportar.