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Actualizado el 16 de Noviembre de 2019

Cómo actúan las municipalidades ante las demandas de los recolectores de basura

El abogado de la AChM, aseguró que "hay muchas licitaciones que hacen las municipalidades incluyan cláusulas de garantías de respeto a los trabajadores".

Por Brenda Martínez
municipios
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Tres de las cuatro federaciones de recolectores de basura que se mantenían en paro desde el pasado miércoles, decidieron deponer la manifestación, tras haber llegado a un acuerdo con el Gobierno por las demandas que causaron gran impacto durante la semana.

De acuerdo a los antecedentes,  la paralización -que afectaba a 42 comunas de la Región Metropolitana- tenía como principales demandas mejores salarios, entrega de bonos por desempeño, el reconocimiento de algunas enfermedades profesionales para recibir atención médica, la calificación de esta labor como trabajo pesado y que las empresas cuenten con sub bases en las comunas que estén adjudicadas que dispongan de baños, duchas y salas de estar con casinos para los trabajadores.

Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab,  en conversación con Radio Zero, explicó que solo quedó un punto en discusión relacionado a un bono por la sobrecarga de trabajo en estas últimas semanas.

Las federaciones que decidieron deponer la paralización abarcan un 85% de los recolectores de basura, el grueso de trabajadores del sistema.

El rol de las municipalidades

Durante los días que estuvo suspendido el servicio, se alertó de una posible emergencia sanitaria debido a la gran cantidad de basura que se acumuló en las calles de la capital.

Por lo que, la seremi de Salud, Rosa Oyarce, entregó recomendaciones para combatir de alguna manera la situación en las viviendas, y aseguró que el labor de retirar los desechos tanto de las viviendas como de las calles era de cada municipio.

Oyarce argumentó que ya se envió “un oficio a los municipios, solicitándoles la regularización de esta situación, porque los municipios son los responsables -de acuerdo al Código Sanitario- de recoger y limpiar las calles de su comuna, por lo tanto nosotros vamos a aplicar la ley”

Respecto a esto, el abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rodrigo Barrientos, aseguró que la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades, le da la facultad a los municipios del aseo de la comuna, lo que algunos municipios hacen por su cuenta, con sus trabajadores, y otras contratan a empresas especializadas para este servicio a través de licitaciones.

“La responsabilidad primaria de la municipalidad es hacer las buenas bases (del contrato), pero una vez que la empresa firma, obviamente ella se hace responsable del servicio de acuerdo a las condiciones de las mismas bases (…) si yo tengo contratado a un tercero mediante un contrato, y por causas que son ajenas a la municipalidad ellos no pueden cumplir, el municipio podrá exigir las multas (…) ahora, la municipalidad hacer este servicio es complejo, porque para eso hay que tener capacidades técnicas y humanas que den a basto”.

“Sin perjuicio que en este tipo de situaciones, las municipalidades ponen de las capacidad, que están en sus medios económicos y físicos, para hacerlo. Simplemente tratan con sus escasos medios solucionar o apalear, en la manera de lo posible, la falta de recolección del servicio de aseo”.

Consultado sobre si los municipios fiscalizan de alguna forma a estas empresas, para constatar que se esté haciendo el trabajo de forma correcta, y de paso se entreguen buenas condiciones laborales para los empleados, Barrientos destaca que “efectivamente hay muchas licitaciones que hacen las municipalidades incluyan cláusulas de garantías de respeto a los trabajadores”.

“Si una empresa no cumple, por ejemplo, con el pago de las imposiciones previsionales de los trabajadores, eso es en muchas licitaciones una causal de término anticipado del contrato. Pero acá hay un punto de vista laboral, porque el empleador no es la municipalidad, es una empresa y si ésta no está respetando el contrato con sus trabajadores, ahí tiene que entrar otro tipo de entidades, como la Inspección del Trabajo”.

“La municipalidad puede decir que se está incumpliendo esto, pero el derecho mismo tiene que ser fiscalizado por la Inspección del Trabajo (…) si los trabajadores van a la municipalidad y le dicen al alcalde que no les están respetando la jornada, la municipalidad podría intervenir con la empresa respecto al cumplimiento del contrato, pero los derechos laborales no va a poder intervenir porque no es el ente para hacerlo”, concluyó el abogado de la AChM

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