Amnistía presentó informe por violaciones a los derechos humanos en Chile
El organismo realizó “varias recomendaciones al Gobierno, entre ellas la de emprender una reforma profunda a Carabineros.
Amnistía Internacional presentó los resultados y conclusiones de la investigación tras las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas en el último mes en el país.
Durante la mañana de este jueves, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional dio a conocer las conclusiones, acompañada por Pilar Sanmartín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional, y Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
El organismo resaltó que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente, especialmente el Ejército y Carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con intención de dañar y castigar a manifestantes”.
Además, precisaron que “al menos 5 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo”.
El Ministerio Público ha registrado “más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles o inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos”, agregaron desde Amnistía.
Según cifras de Carabineros, alrededor de 1.600 de sus funcionarios están heridos, 105 de ellos con lesiones graves.
Desde Amnistía destacaron que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”.
En la misma línea, agregaron que “la no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional”.
El organismo internacional sostuvo además que “también hemos obtenido evidencia, a través de 130 piezas audiovisuales y fotográficas validadas por nuestro equipo experto, del uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
Sobre el uso letal de la fuerza, se documentaron “5 muertes en manos de agentes de seguridad del Estado”, confirmando “que el Ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados”.
También se identificó “el uso de rifles Galil Ace Y Famae SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas de munición letal”.
Amnistía destacó el caso de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano de 26 años que murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una marcha en la ciudad de La Serena.
En este mismo hecho, “Rolando Robledo fue herido en el tórax por otro disparo de militar, pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo a testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los dos y el ejército volvió a disparar mientras manifestantes los socorrían”, señala el informe.
El documento precisa que “una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura, lo que constituye un crimen de derecho internacional”.
En ese contexto, también dejaron documentada “la práctica de los Carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos 9 ocasiones en varias ciudades. Así un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano”.
Finalmente, el organismo realizó “varias recomendaciones al Gobierno, entre ellas, la de emprender una reforma profunda a Carabineros. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformarlo para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos”.
