Comisión Chilena de DD.HH. expresa preocupación por ley antisaqueos

La Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su “preocupación” por la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la denominada Ley Antisaqueos.

La comisión repasó “la rebelión social iniciada el 18 de octubre pasado, en la que millones de chilenos y chilenas a lo largo del país, en el libre y legítimo ejercicio del derecho a la protesta social, salieron a las calles masiva y pacíficamente, a exigir un cambio del modelo económico y social, que respete y garantice derechos sociales básicos”.

Asimismo, agregó que la exigencia de una nueva constitución “sea expresión del ejercicio del derecho a la libre determinación, tuvo como respuesta del Gobierno una violenta represión, que se expresó en muertos, torturados, cegados total o parcialmente, violentadas sexualmente, y miles de detenidos”.

A juicio del organismo, “las masivas, graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, fueron constatadas tanto por organismos nacionales como internacionales, (Amnistía Internacional y Human Rights Watch), por sendos Informes que coincidieron en denunciar el ilegítimo uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares en contra de personas indefensas que se manifestaban pacíficamente en las calles”.

“Es más, Amnistía Internacional señaló que ‘las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional), están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”, recalcó.

Según señaló, “ahora, los 127 diputados que aprobaron la denominada Ley Antisaqueos y sus indicaciones, están avalando una política de criminalización de la protesta social que no sólo es incompatible con los derechos humanos y los principios democráticos, sino que además, pretende ahogar el grito libertario de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que anhelan terminar con la injusticia, la vergonzosa desigualdad y el abuso institucionalizado que encarna el actual orden social”.

“Nuestra institución espera que el Senado enmiende este claro atentado a los derechos humanos y rechace en definitiva, lo aprobado por la Cámara de Diputados. De lo contrario, el Estado de Chile incurrirá en responsabilidad internacional por aprobar una legislación incompatible con normas expresas, establecidas en Pactos y Convenciones de Derechos Humanos, cuya obligatoriedad emana de su suscripción y debida ratificación”, concluyó.