Hacia un mejor Estado
"Mientras algunos quieren seguir agrandando el Estado a costa de los recursos de todos los chilenos, otros creemos que el Estado debe trabajar sirviendo a los más vulnerables con eficiencia".
Tomás Bengolea L. es Presidente de Fundación ChileSiempre.
A propósito de la crisis social desatada en Chile hace unas semanas, se ha dicho con insistencia, desde ciertos sectores de la izquierda, que la gran piedra de tope para alcanzar un país más justo es la Constitución Política vigente, que sería en último término la causa de las injusticias sociales existentes. Lamentablemente, buena parte de la centro derecha política se ha sumado a este diagnóstico.
Con todo, y sin ánimo de referirnos a la obsesión constituyente, hemos visto absolutamente ausente del debate político el funcionamiento actual del Estado en Chile, así como una evaluación de la eficiencia de los servicios que presta. Por el contrario, se ha tratado de instalar la idea de que existe un consenso “transversal” en torno a la necesidad de agrandar el Estado para dar respuestas a las urgencias sociales: así aumentan los impuestos, como han crecido los ministerios y programas de variados tipos y de resultados desconocidos. Todo es especialmente preocupante pues parte de una premisa equivocada: entre más grande el aparato estatal, mejores serían los servicios que presta el Estado y, en consecuencia, serían mejor atendidas las necesidades de las personas.
Para abordar el problema del funcionamiento y tamaño del Estado se hace necesario tener en cuenta algunos datos de los últimos años. Desde 1990 se han creado en Chile ocho nuevos ministerios, con todo lo que eso significa: edificios y oficinas, jefes de gabinetes y secretarias, autos y choferes, entre otros tantos funcionarios y millonarios gastos asociados al funcionamiento de los organismos estatales. Obviamente, esto es financiado con recursos que son fruto del trabajo de todos los chilenos y que el Estado obtiene a través de impuestos. Sin ir más lejos, según cifras del Banco Mundial, Chile destina un 21,09% del presupuesto de la Nación para cubrir los sueldos de los funcionarios fiscales, superando a Argentina (12,43%), Brasil (11,23%) e incluso a Suecia (9,26%).
Esto no es todo. En nuestro país, el 58% de los funcionarios públicos recibe un ingreso mensual de más de $1 millón, mientras que en el sector privado este porcentaje solo llega al 19%, según las estadísticas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) con cifras emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto se suma a la ausencia de evaluación de los programas sociales o, peor aún, la subsistencia de otros que han sido mal evaluados por la Dipres, y que siguen siendo implementados a pesar de sus escasos o mediocres resultados. Quizá solo se mantienen por presión o tráfico de influencias políticas.
Paradójicamente, y sin reparar en este punto, el gobierno ha llegado a un acuerdo tributario en que se cobrarán nuevos y más altos impuestos que tienen como objeto recaudar más recursos para financiar las distintas políticas sociales que se estiman necesarias para abordar la crisis. Sin embargo, como podemos ver, un aumento en la cantidad de recursos fiscales no significa, necesariamente, una mejora en los servicios que presta el Estado, sobre todo si esos recursos van a gasto político y no llegan directamente a la vena de quienes más lo necesitan. Hay suficientes argumentos y datos que nos permiten pensar que nuevamente se malgastarán los recursos del alza de impuestos.
Es de esperar que quienes creemos que el Estado debe estar al servicio de la persona humana, y que debe concentrar sus gastos y acciones en los más necesitados, promovamos con convicción una profunda modernización al aparato estatal, que agilice sus trámites y procesos, e incluya algunas medidas que hagan sentido a los chilenos y permitan liberar gasto político: reducir los altos sueldos de algunos funcionarios públicos, eliminar y fusionar ministerios, subsecretarías, divisiones y otros organismos del aparato burocrático. Además, se hace muy relevante descentralizar la administración pública, para dotar de poder a las regiones y municipalidades en la provisión de servicios sociales, considerando la cercanía de estos organismos a las personas y sus familias.
Mientras algunos quieren seguir agrandando el Estado a costa de los recursos de todos los chilenos, otros creemos que el Estado debe trabajar sirviendo a los más vulnerables con eficiencia y resultados valiosos, cuidando cada peso que gasta y contribuyendo a generar más y mejores oportunidades para los chilenos.
