18 de octubre: el remezón a la política chilena

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó este lunes a Sala la propuesta de reforma para habilitar el proceso constituyente, la cual finalmente incluyó paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y la presencia de independientes.

La decisión de la instancia parlamentaria es el corolario de una propuesta que comenzó a tomar forma el 15 de noviembre, día en que parte de la oposición y el oficialismo se reunieron en las oficinas del Congreso Nacional en Santiago para dar forma a lo que llamaron el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución”, para hacer frente al estallido social que se inició el 18 de octubre.

Y es que en dicha jornada se concretó un acuerdo histórico para que la ciudadanía defina a través de un plebiscito, a realizarse en abril de 2020, si quiere una nueva Constitución.

El presidente del Senado, el PPD Jaime Quintana, declaró en dicha oportunidad que “esta noche es histórica para Chile, para la democracia. Quiero partir agradeciendo a los chilenos que durante estos 28 días han transmitido su mensaje profundo a las instituciones, al país y a la política”.

Quintana explicó que “se impulsará un plebiscito en abril de 2020 que resuelve dos preguntas”. La primera, si quiere o no una nueva constitución. Si la respuesta es afirmativa, se debe responder el tipo de mecanismo, si una convención mixta constitucional o una convención constitucional.

La convención mixta constitucional estará integrada en un 50% por parlamentarios y el 50% serán miembros electos para este fin. Por su parte, la convención constitucional estará integrada en su totalidad por ciudadanos elegidos.

Junto con ello, se determinó que para alcanzar cualquier acuerdo sobre el cuerpo de la Constitución se requerirá un quórum de 2/3 de sus miembros.

La exclusión del PC

Pero este acuerdo histórico contó en su nacimiento con la ausencia del Partido Comunista, el cual decidió excluirse de su discusión argumentando, según Guillermo Teillier, ya que “a la hora que nos invitaron, ya están tomadas las decisiones y cuando preguntamos si podíamos incidir en algo, nos dijeron que no”.

“El problema para nosotros es que esto se ha hecho en las alturas, se ha hecho con los partidos políticos sin tomar en cuenta lo que están diciendo los movimientos sociales en la calle. Qué certeza tenemos con ese quórum que se van a poner esos cambios con la profundidad que se han estado pidiendo”, indicó.

Junto con eso, Teillier aclaró que “nosotros vamos a participar de todo el proceso, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para perfeccionarlo. Vamos a tratar de perfeccionar, entre otras cosas, el quórum. Lo segundo, vamos a participar del plebiscito y vamos a hacer campaña para que se acepte la Asamblea Constituyente, que ahora cambió de nombre a Convención Constituyente, para que ese sea el organismo que trabaje en cambiar la Constitución, por eso vamos a dar la pelea. No nos vamos a restar a eso”.

La postura del PC fue cuestionada duramente por sectores de la oposición, especialmente de la Democracia Cristiana, donde uno de sus dirigentes históricos, Genaro Arriagada, incluso llegó a plantear que merecían ser “condenados políticamente”.

Cirugía mayor en el comité político de La Moneda

Pero el estallido social también generó una crisis a nivel gubernamental, donde los mayores damnificados fueron los integrantes del comité político de La Moneda.

Esto, ya que el 28 de octubre, a solo 10 días del inicio de las manifestaciones sociales, se concretó un esperado cambio de Gabinete que marcó la salida de Andrés Chadwick del Ministerio del Interior, quien fue reemplazado por Gonzalo Blumel, además de la irrupción de Karla Rubilar en la vocería del Gobierno, en desmedro de Cecilia Pérez.

También debieron dejar sus puestos, ente otros, Juan Andrés Fontaine, titular de Economía, luego de sus polémicas palabras donde instaba a la población a “levantarse más temprano” para enfrentar el alza del Metro, y su par de Hacienda, Felipe Larraín, tras su desafortunada frase donde invitó a comprar flores porque “están más baratas”.

Sin embargo, fue Chadwick fue quien debió hacer frente y responder, a pesar de ya no formar parte del Gobierno, de los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden y seguridad tras el estallido social.

Esto quedó concretado en una acusación constitucional en contra del primo hermano del Presidente Sebastián Piñera, la cual fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el Senado, donde se sindicó al otrora ministro del Interior como responsable político de no tomar para evitar violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado durante el Estado de Emergencia que se dictó en octubre en el contexto del estallido social.

Tras decretarse su inhabilitación por cinco año para ocupar cargos públicos, Chadwick dejó en claro que se trataba de una resolución “injusta, infundada y politizada”.

 

La eterna lucha interna del Frente Amplio

Pero el acuerdo firmado el 5 de noviembre también generó una crisis interna en el Frente Amplio, originada por la firma en dicho documento del diputado Gabriel Boric, quien se sumó a la instancia liderada por los diferentes presidentes de partidos políticos como “persona natural”, lo que generó rechazo en parte importante de Convergencia Social.

Así, se originó una lucha que enfrentó a Boric con Jorge Sharp, otra de las cabezas más reconocidas del Frente Amplio, que ocasionó una fuga masiva de militantes lideradas por el alcalde Valparaíso, quien era uno de los más críticos respecto de lo acordado en el ex Congreso Nacional.

A esto se sumó el congelamiento de la militancia del diputado por Magallanes de Convergencia Social y la salida de Izquierda Libertaria del partido.

Pero esto no fue todo, ya que el Partido Humanista decidió dejar el Frente Amplio. El partido -que fue uno de los fundadores del bloque en 2017- se había mostrado crítico con el actuar de algunos sectores especialmente por el acuerdo constitucional y la aprobación de la “ley antisaqueos y antibarricadas”.

Con esto el FA perderá a tres diputados más (Florcita Motuda, Pamela Jiles y Tomás Hirsch), los que se suman al líder del Partido Ecologista Verde, Félix González, quien también dejó la coalición.