Crisis social y Educación Superior

El año 2019 estuvo marcado, indudablemente, por el movimiento social que con particular ímpetu se hizo notar desde el último trimestre y cuyas consecuencias todavía son de difícil determinación. El 2020 que recién comienza será, con toda seguridad, un año donde la discusión pública estará marcada por diversas materias que ha levantado el propio movimiento social, así como también por el incipiente proceso constitucional.

Desde antes del llamado “estallido social”, el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, Vertebral, contribuyó concretamente, de acuerdo con sus principios fundacionales, a visibilizar la Formación Técnico Profesional como una propuesta atractiva en el sistema de educación superior, con formación pertinente y de reconocida calidad a los requerimientos propios de nuestro tiempo y en cada una de las regiones de nuestro país. A su vez, también hizo eco de uno de los principales requerimientos de los estudiantes, que es poner mayor énfasis en la salud mental en la educación superior, razón por la cual suscribió un acuerdo pionero con el Ministerio de Salud, del que se espera se implementen acciones concretas para nuestros alumnos durante el presente año.

Sin embargo, como consorcio que agrupa a 23 instituciones técnico-profesionales, vemos con especial preocupación las implicancias que el estallido social podría ocasionar en el sistema de educación superior del país. Por ejemplo, los múltiples atentados contra las instituciones no solo conllevan un daño a la infraestructura de los planteles, sino que constituyen un ataque a toda la comunidad educativa conformada por docentes y alumnos que buscan día a día en las aulas, laboratorios y talleres la concreción de proyectos educativos que los impulsan a cumplir sus sueños. Todos estos atentados deben condenarse enérgicamente y no se puede vacilar en ello, puesto que los ataques afectan, en primer lugar, a los estudiantes.

Asimismo, los intentos de boicotear la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), recalendarizada ya en un par de oportunidades por la fuerza del transcurso de los hechos, es algo que condenamos tajantemente. Ello significaría truncar los anhelos de acceso a la educación superior de miles de personas, cuestión que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, no puede permitir.

Así, por plausibles que sean varias de las peticiones que se formulen desde ciertos sectores de la sociedad en torno a corregir dicho instrumento, los incidentes que han marcado la realización de la PSU reviste un carácter de tal gravedad que puede afectar, no solo a los jóvenes y sus familias, sino que a la institucionalidad vigente y al país en su conjunto.

Si bien, el sistema de educación superior de nuestro país, y en particular las instituciones -uno de sus actores más relevantes- debe sentirse interpelado por el cumplimiento de su rol en la gestación o en las posibles vías de solución de la crisis social, no puede permitir, por otro lado, que pequeños grupos radicalicen el diálogo como único instrumento y fin, amenazando con daños a las casas de estudios superiores o de obstruir un proceso tan crítico e importante para los jóvenes que accederán a la educación superior, como atentar contra la PSU. Un daño de estas dimensiones y naturalezas es algo posiblemente difícil de resarcir.