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Actualizado el 14 de Enero de 2020

Corte de Apelaciones acoge a trámite recursos de protección presentados por alumnos de Concepción ante suspensión de la PSU de Historia

La entidad dio un plazo de ocho días para que el CRUCh y el Demre entreguen informes con “todos los antecedentes que obren en su poder sobre la suspensión del examen".

Por Redacción EL DÍNAMO
Corte de Apelaciones
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Durante la tarde de este martes 14 de enero, la Corte de Apelaciones de Concepción informó haber acogido a trámite dos recursos de protección ingresados por estudiantes de la misma comuna en el marco del proceso de admisión 2020, específicamente sobre la suspensión de la Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Los recursos, presentados en contra del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), argumentan que la decisión de no tomar la Prueba de Historia implica vulneraciones al derecho de igualdad ante la ley, a la educación y a la propiedad.

Bajo este escenario, y en fallos unánimes, la Sala de Cuenta del tribunal de alzada de Concepción entregó un plazo de ocho días para que el CRUCh y el Demre entreguen informes con “todos los antecedentes que obren en su poder sobre la suspensión del examen que forma parte del proceso de selección universitaria”.

Sin embargo, la sala rechazó las respectivas solicitudes de los alumnos de decretar orden de no innovar. “Los estudiantes pidieron una orden de no innovar, es decir, que en forma urgente se decretaran medidas para asegurar justamente sus derechos, que ellos estiman que es un derecho, dar la Prueba de Historia”, detalló el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Gonzalo Rojas.

Pero “la Corte, conociendo la orden de no innovar, no dio lugar a ella, por cuanto a los antecedentes proporcionados, teniendo en consideración el contexto además en los que los hechos se han desarrollado, y las medidas adoptadas al efecto por la autoridad administrativa, de todas conocidas y que han salido a través de los medios de comunicación social, con ello no se daban los requisitos de plausibilidad y de urgencia que la orden de no innovar supone en casos como estos”, explicó Rojas.

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