Corte Suprema de Estados Unidos autoriza negar la residencia a inmigrantes que ocupen beneficios públicos
No podrán utilizar programas sociales como el sistema de atención de salud Medicaid, los cupones de alimentos y los subsidios de vivienda.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al Gobierno de Donald Trump establecer una política que facilitará negar la residencia o la ciudadanía a inmigrantes que necesiten acceder a beneficios públicos.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el máximo tribunal del país norteamericano decidió revertir un fallo anterior del estado de Nueva York, que había ordenado congelar la decisión de la Casa Blanca de denegar la llamada “tarjeta verde” a inmigrantes que hagan uso de beneficios sociales, como el sistema de atención de salud Medicaid, los cupones de alimentos y los subsidios de vivienda, informó NBC News.
Los cuatro jueces liberales de la corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron para evitar que la política entre en vigencia.
En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció que ampliaría la definición de “carga pública” para los inmigrantes que reciban beneficios estatales por un rango de tiempo superior a 12 meses, y si las autoridades decidían que los inmigrantes podrían convertirse en una carga pública para más adelante, la residencia legal podría ser denegada.
El juez de distrito de Nueva York, George Daniels, había indicado en su fallo el 11 de octubre pasado que esta política resultaba “repugnante para el sueño americano” y era una medida de “exclusión en busca de una justificación”, según el portal Huffington Post.
A pesar que los estados de Nueva York, Connecticut, Vermont y Virginia presentaron distintas demandas contra esta medida, no tuvieron el resultado que esperaban y mientras las acciones judicial continúan, los inmigrantes que solicitan la residencia permanente deberán demostrar que no serán una “carga pública”, como los ha definido la Administración de Trump.
Cada año unas 544.000 personas solicitan la tarjeta verde y, según el Gobierno, unas 382.000 de ellas entran en categorías sujetas a revisión bajo esta nueva política.
