Desde las ideas

Una crisis social explotó en Chile. La “revolución de octubre” se desarrollaba en el país mientras que las instituciones, paralizadas, veían como demandas particulares y urgencias reales de los chilenos – pensiones más altas, mejores condiciones en la salud pública y fin a los abusos por algunos empresarios, políticos, sindicatos y servicios estatales- progresivamente mutaron, por acción de los grupos más organizados, en la demanda de una nueva Constitución.

Chile tuvo tasas de crecimiento económico en promedio de 6,5% anual entre 1990 y 1999 pero sólo de 3,5% entre el 2010 y el 2018. Alejándose del tradicional lenguaje economicista, altas tasas de crecimiento son relevantes, porque generan la posibilidad de que las personas vean multiplicados sus ingresos, que aumenten sus sueldos o las ventas de sus Pymes.

Con un crecimiento del 6,5% en 30 años los ingresos pueden verse incrementados hasta en casi 7 veces, pero creciendo al 3,5%, los ingresos no alcanzan siquiera a triplicarse durante el mismo período. Ciertamente las expectativas de las familias se ven impactadas si un frenazo económico les impide seguir mejorando su calidad de vida y aleja aspiraciones y sueños que implican desarrollo material y espiritual, que se traducen en bienestar. Por esta razón es importante contar con una economía sana y dinámica.

Si se considera que las personas se mueven en gran parte motivadas por sus expectativas sobre el futuro en lugar de su historia de vida, esto da espacio para comprender los orígenes de la frustración que produjo el caldo de cultivo para el estallido. Pese a haber progresado como país en el pasado, los diferentes ritmos económicos fijan distintos horizontes de desarrollo y dignidad, y uno de mayor mediocridad y menor esperanza asusta y moviliza las pasiones de la ciudadanía.

Otros elementos relevantes para el análisis son la irresponsable y excesiva enarbolación que algunos hacen de la calle por sobre las urnas como máxima expresión de la participación democrática ciudadana. Esto, sumado a la incapacidad de distinguir entre el uso de la fuerza legítima y las violaciones a los derechos humanos, han generado un clima político que no respalda el uso de la fuerza pública ni siquiera cuando es ejercida legítimamente según los procedimientos y reglas establecidas.

Distanciandose del diagnóstico tradicional de la élite política e intelectual, aquella típica respuesta que intenta mostrar al estallido como consecuencia de la desigualdad y la llamada “violencia sistemática” que ejercería el modelo, diagnóstico que evidentemente se acomoda de mejor manera a las iniciativas de la actual oposición, se da espacio a una respuesta desde las ideas de la centroderecha que sea capaz de conectar con la ciudadanía para aportar a la descompresión del espacio y debate social.

Es en la búsqueda de estas respuestas que se expresan las diferencias entre las distintas sensibilidades al interior de Chile Vamos. Pero pese a la diversidad que existe dentro del sector, hay algunos elementos que pueden impulsarse, que debieran ser inherentes a la esencia de una coalición de centroderecha, y que serían positivamente recibidos por la ciudadanía.

Dentro de estos elementos está el exigir a la política -a los políticos- y al Estado un esfuerzo mayor para que más recursos de los ya existentes puedan transformarse en beneficios sociales. Es así como la fusión de ministerios puede impulsar mejores rendimientos y la liberación de recursos, pero también significa un gesto político importante, equivalente a “apretarse el cinturón”. En la misma línea, plantear una redistribución de las regiones en las que se divide el país permitiría ahorros importantes al fusionar cargos duplicados a la vez que agrupar regiones genera una nivelación del peso, la influencia, respecto a Santiago. Un país formado por 3, 5 u 7 regiones otorga a cada una un mayor poder de negociación respecto de las 16 que se tienen hoy y genera un mejor panorama para la descentralización.

Por último, en el debate constitucional durante un eventual proceso de redacción de una nueva Constitución, se hace necesario salir a proponer elementos para obligar a la oposición a discutir y responder, más que sólo defender aquellos aspectos de la actual Carta Política que son apreciados. Aquí es donde surge la oportunidad de proponer un fortalecimiento de las instituciones que actúan contra quienes contravengan el orden público y que persiguen la corrupción en el Estado, empresas y sindicatos. También se abre el espacio para establecer sanciones -o costos- para aquellos legisladores con mal oficio o comportamiento -que presentan mociones inconstitucionales o mal utilizan herramientas políticas-, exigir un código de trabajo único para ponerle fin a los estatutos del sector público y docente, generar institucionalidad que persiga a quienes promueven la violencia política y terminar con los abusos que se ejercen desde el Estado y sus servicios a los chilenos. Reducir impuestos a las personas para que puedan disponer efectivamente de sus ingresos de acuerdo con sus prioridades, también es una bandera olvidada y que es importante levantar.

Frente a esta crisis de las instituciones y de la política, y para asegurar la supervivencia de la centroderecha como una verdadera alternativa para el país, se hace necesario tener un diagnóstico propio y, sobre ello, actuar en concordancia a las ideas propias y no a las ajenas.