Rodrigo Pablo, abogado: “Malas decisiones para arreglar males actuales pueden resurgir males del pasado”

A menos de 50 días de que se realice el Plebiscito por una nueva Constitución, las campañas tanto por el “Apruebo” y por el “Rechazo” han tomado fuerza. Y es que un cambio en la Constitución definiría las bases del país, tal como lo han explicado diversos expertos.

De acuerdo a Rodrigo Pablo, abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica, “las constituciones son parte de los sistemas jurídico-políticos modernos, y su función es limitar el ejercicio del Poder Público”. Según explica, las constituciones lo hacen de dos maneras: dividiendo el poder al establecer pesos y contrapesos, y asegurando ciertos estándares de respeto de derechos.

Dentro del primer grupo está la división de los Poderes del Estado, los que que tienen competencias distintas y se controlan los unos a los otros. “Por ejemplo, en Chile, el Presidente y el Congreso participan en la redacción de las leyes controlándose el uno al otro; el Poder Judicial aplica las leyes de forma tal que ellas también obliguen a quienes las dictaron”, indica Pablo.

Asimismo, el abogado afirma que “las constituciones protegen ciertos derechos”.  Sin embargo, según el académico, los listados de derechos no son suficientes para su aseguramiento y es común ver que ellos son violados.

“Por ejemplo, se ha documentado que tiende a haber más tortura policial en los países que la prohíben expresamente en sus constituciones. Así, la división de poderes y los pesos y contrapesos funcionan como la mejor garantía para su aseguramiento”, indica.

Las implicancias de una nueva Constitución

El abogado de la Universidad Católica asegura que un primer grupo de implicancias de una nueva Constitución tienen que ver con reorganizar la distribución y ejercicio del Poder del Estado, mientras que un segundo punto tiene que ver con la forma que ha tomado el proceso.

Para Pablo, la nueva Constitución “representa un golpe a las instituciones democráticas. Estas han sido superadas por la violencia y su legitimidad es sometidas a un plebiscito, en el cual hay pocas oportunidades para debatir, por petición de la calle”.

“Este tipo de procesos son comunes dentro del contexto del populismo autoritario, que es actualmente la principal amenaza para la democracia en el mundo”, explica, afirmando que”el drama del proceso chileno es que podría resultar en una mala distribución del Poder Público –que deje a algunos con demasiados y sin contrapesos- y en un soporte moral e intelectual al uso de la fuerza en el ámbito político”.

Una constitución “desde cero”

Para Rodrigo Pablo, además, “no es posible partir una nueva Constitución de cero” ya que “la imaginación no alcanza a tanto y porque la misma Convención Constituyente estará limitada a reconocer el carácter de República democrática de Chile y los derechos reconocidos en tratados internacionales”.

Según el abogado “el diablo está en los detalles”, ya que lo que no quede en la Constitución es relevante y puede significar un cambio sustantivo en la forma de conducir el país. “Por ejemplo, si no queda bien regulado el período de gobierno ¿podría aprobarse una ley, como ha ocurrido en China, que permita al presidente quedarse de por vida en esa posición o, como ha sido común en Latinoamérica, que autorice varias reelecciones?”, cuestiona.

“Los ejemplos dados son reales en el mundo y no hay ningún motivo para creer que Chile sea inmune a ellos”, expresa el profesor de derecho.

Soluciones a las demandas

Para Pablo, una nueva Constitución no entregaría solución a las demandas sociales. “Algunos plantean que la Constitución debería asegurar todos los derechos que sean necesarios para tener un país mejor: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación de calidad, etc. A nivel internacional está absolutamente comprobado que la cantidad de derechos asegurados en la Constitución no tiene relación con la realidad de estos”, explica.

En este sentido, afirma, el desarrollo económico y la estabilidad de las instituciones son grandes garantías para la provisión de bienes sociales.

“También se dice que la protección de derechos individuales impide que el Estado pueda cumplir mejor con sus roles sociales. El problema no es asegurar derechos, sino debilitar los derechos individuales”, afirma el abogado.

Además, Pablo afirma que “existen algunos grupos que creen que los derechos de nuestra constitución fueron impuestos por la fuerza por un grupo para proteger sus intereses. Por esto, sería legítimo que otros hagan lo mismo para asegurar los derechos de los desposeídos; para ellos: ‘todo es poder e ideología'”.

“Aquí el gran error es que no todo es ideología ni relaciones de fuerza. Hay mucho de eso, pero no todo es eso y por lo mismo podemos conversar, tener una democracia y evolucionamos en la historia. Quienes defienden esto, lamentablemente, no se dan cuenta que su forma de pensar lleva inevitablemente a una dictadura y no ayuda a mejorar las condiciones sociales, sino solo a empeorarlas, pues solo aumenta los conflictos”, explica.

“Tomar malas decisiones para arreglar males actuales pueden hacer resurgir males del pasado”, concluye Rodrigo Pablo.