Peligros constitucionales

A nivel mundial se concuerda que el mayor enemigo actual para la democracia es el populismo. Este es definido como una visión moralista de la política, que divide la sociedad entre el pueblo bueno y oprimido, y las élites corruptas que controlan el Estado. Los populistas siempre pretenden hablar en nombre del pueblo como un bloque homogéneo, negando la individualidad de cada persona y rechazando las opiniones disidentes como enemigas de la voluntad popular. Su gran arma política es el plebiscito; el uso abusivo de mayorías circunstanciales, y el desprecio de las instituciones democráticas y deliberativas tradicionales como el parlamento, los Tribunales de Justicia y el Estado de Derecho.

La literatura señala que los denominados populistas son de izquierda o derecha y se encuentran en países tan variados como Bolivia, Venezuela, Polonia, Hungría, Turquía o Filipinas. Sus fines son diversos, pero todos tienen una particular fascinación con crear mecanismos que les permitan modificar las constituciones de sus países para eliminar los pesos y contrapesos que limitan el poder. Así, tienden a atacar a los Tribunales (especialmente los constitucionales); buscan reducir la libertad de prensa y los discursos que pueden esgrimir los disidentes; les gusta aumentar sus períodos de gobierno conforme a las circunstancias del día, e ir tomando control de distintos ámbitos del quehacer social.

Las constituciones de los países donde impera el populismo no limitan el poder, sino que sirven como herramientas de este; contribuyendo a una lenta, imperceptible, pero sustantiva degradación de la democracia. En este sentido, los populistas son prueba patente de los dichos del juez Scalia ante el Congreso Norteamericano: “cada república bananera tiene su propia constitución”. Pues es claro que no importa cuantos derechos se listen, si una constitución no es capaz de limitar el poder ella no sirve para nada.

Hoy en Chile crece con fuerza el germen del populismo. La idea de la “aplanadora” o “retroexcavadora” es expresión de esto. En efecto, ella plantea que en política lo que importa es el imponerse mediante la mayoría a los derrotados en una elección; lo que es equivalente a negar el valor deliberativo del Congreso, la labor de los Tribunales (especialmente el Constitucional) y el respeto por la minoría derrotada – casi a un 40% de los chilenos, que se impusieron en la siguiente elección. Otra muestra se puede apreciar en la conducta de varios parlamentarios que se han negado a debatir ciertos asuntos o que han abusado de sus prerrogativas (especialmente la acusación constitucional) para desestabilizar a sus contrincantes.

El proceso constitucional lleva esta tendencia más lejos. Él se basa en un horadamiento de las instituciones democráticas y deliberativas, que son reemplazadas por un plebiscito, enfrentamientos callejeros y debates en redes sociales. Se debate con mentiras muy fácilmente contrastables: “no se puede modificar la constitución de otra manera”, “la constitución nunca se ha modificado”, “la nueva constitución ayudará a resolver los problemas sociales”, etc. Finalmente, se basa todo el proceso en dividir a los chilenos entre buenos y malos; entre las élites privilegiadas y el pueblo oprimido por ellas. Así, se niega el espacio a la disidencia y se justifica la funa.

En este contexto, en el plebiscito de abril se vota entre dos formas de entender la política. Por un lado, una basada en la democracia deliberativa, que ha permitido el progreso pausado, pero constante de nuestro país. Por otra, el populismo, que es vista como el gran destructor de la democracia a nivel mundial. Votar rechazo es impedir que se instale en nuestra cultura el soporte teórico del populismo.