El tongovirus
El acuerdo político transversal para mover el plebiscito de abril a octubre da cuenta de una decisión seria que, basada en los mejores antecedentes disponibles, pone en primer lugar el bien común de los chilenos.
Rodrigo Pablo es Abogado Universidad Católica.
El mundo entero es afectado por la pandemia del covid-19. Sus efectos son nefastos: varios miles de muertos, sistemas de salud colapsados, derrumbe de la economía mundial, restricciones importantes a la vida social. Los expertos de los países del norte esperan, basados en el comportamiento usual de las enfermedades respiratorias y la experiencia de la gripe española, que la situación se estabilizará hacia fines de mayo. Sin embargo, parece haber un virus más persistente y de efectos tan nefastos como el coronavirus: esa disposición humana que lleva a millones a mentir o a hacerse parte de mentiras con fines ideológicos o por el mero gusto de criticar o causar caos.
Es un problema mundial. En efecto, sin ningún empacho, un famoso conspiracionista norteamericano ha sugerido que el covid-19 es un arma desarrollada por el comunismo para impulsar una revolución maoísta, la que usa al virus para hacer a la gente dependiente del Estado. En Inglaterra, hay quienes sugieren que el gobierno está usando el virus para destruir la democracia pasando leyes que le confieran facultades especiales. En Chile, los conspiracionistas partieron señalando que esto era una técnica del gobierno para frustrar el plebiscito de abril (cuando el mismo presidente lo convocó) y recuperar el control de las calles. Así, algunos lo llamaron el “tongovirus”.
Esta primera reacción parece haber pasado, pero la capacidad de levantar “tongos” parece resistir el medicamento de la realidad. En este sentido, el país se ha llenado de expertos en salud pública que no tienen problema en criticar a las autoridades y expertos sin ningún antecedente además de la información que adquiere en las redes. Asimismo, diversas personas han salido a señalar, con fines políticos, que es necesario cambiar la Constitución porque ella no permite enfrentar una crisis como esta, pues pone la propiedad por sobre el bien común. Opinión errada que ignora varias disposiciones y espacialmente el Estado de Catástrofe, que permite al gobierno limitar el derecho de propiedad (podría hacerse de edificios para hacerlos hospitales o fijar precios), requisar, acopiar productos y distribuirlos a la población (camas, productos médicos, alimentos, etc.). Tampoco faltan quienes culpan a la subsidiariedad, cuando ella permite al Estado focalizar los recursos en quienes más lo necesitan.
Lo peor, es que este mal de la falta de seriedad alcanza incluso a las autoridades. Así, el alcalde Jadue ha hecho gran difusión de la idea de importar un medicamento cubano, que se encuentra en estado experimental y de cuyos supuestos buenos resultados no existen mayores antecedentes. Esta decisión ha sido criticada por la comunidad científica nacional e internacional -la que se ha referido a propuestas similares en Venezuela y Colombia. Sin embargo, el alcalde se ha limitado a afirmar: “la opinión de los científicos, en este caso, importa poco”.
Los dichos del alcalde parecen sugerir que la opinión de los científicos solo importa en la medida que sea acorde a la suya. Esto no es distinto de la opinión de muchos chilenos que interpretan la realidad de forma antojadiza solo en la medida que confirme sus prejuicios. Ellos no discuten con argumentos, sino que atacan personalmente a sus detractores; se basan en hechos falsos o francamente incomprobables, o recurren a señalar que todo es ideología. A esta gente no le importa la posibilidad de tener un diálogo, sino únicamente imponer las ideas que tienen en sus cabezas.
Cuando este tipo de mentalidad se enquista en un país, la situación es grave, pues da cuenta de la muerte del diálogo y la deliberación. Sin embargo, parece que se podría estar deteniendo el avance de este virus en Chile. En efecto, el acuerdo político transversal para mover el plebiscito de abril a octubre da cuenta de una decisión seria que, basada en los mejores antecedentes disponibles, pone en primer lugar el bien común de los chilenos. Todavía falta analizar los pormenores de dicho acuerdo, pero el hecho de que se hayan sentado sus bases es muestra de que todavía existe en nuestro país capacidad de dialogar. Ojalá mantengamos este rumbo y terminemos con el “tongovirus”.
