¿Pueden las grandes empresas acceder a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo?

Un total de 23 mil empresas, según confirmó la ministra del Trabajo María José Zaldivar, son las que han solicitado acceder a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo que promulgó el Gobierno a principios de abril. Sin embargo, la iniciativa que inicialmente buscaba favorecer a las pequeñas y medianas compañías, ha dado pie para que las grandes también intenten ser consideradas.

Hasta el momento, se sumaron a las solicitudes empresas de comida rápida como Burger King, McDonald’s y Dominó. También otras dedicadas al retail, por ejemplo, Ripley y H&M. Incluso, desde el rubro de la entretención se han acogido los casinos Dreams de Puerto Varas y Enjoy de Chiloé, entre otras.

Si una compañía accede a la Ley de Protección del empleo estará facultada para suspender la relación laboral hasta que concluya el Estado de Catástrofe, pero además podrá disminuir el número de horas semanales de su trabajador. Así como también, acceder a una postergación del pago del IVA por los próximos tres meses para las empresas con ventas menores a 350.000 UF, entre otros beneficios tributarios.

Sin embargo, la situación ha sido calificada por la oposición y algunos usuarios de redes sociales como “un abuso”, pues creen que contraviene con el “espíritu de la ley” que buscada aminorar los despidos en pequeñas y medianas empresas. Así, quedó abierta una interrogante: ¿pueden las compañías de gran tamaño acceder al beneficio del Gobierno?

Consultado por EL DÍNAMO, el abogado y académico de la Universidad Central, Julio Contreras, aseguró que es absolutamente verdadero que las grandes empresas pueden acceder a los beneficios, pues, “si bien la ley no contempla expresamente a qué tipo de empresa va dirigida, tampoco se distingue a cuál no”.

Según el académico no se trata de un resquicio legal, sino que “responde a su implementación. La ley en ningún momento estableció un ámbito de aplicación, ni tampoco determinó qué empresas pueden acceder y cuáles no”.

Lo que sí considera la legislación, según Contreras, es que pueden acceder a los beneficios, “las empresas que debieron ser cerradas por las autoridades sanitarias”, pero también, “las que por mutuo acuerdo con el trabajador se pactó la suspensión de las jornadas laborales”.

En esta misma línea, el jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, indicó a través de un comunicado que junto a otros miembros de la oposición oficiarán a la Dirección del Trabajo para que fiscalice a las grandes empresas -sobre todo del retail- que están suspendiendo la relación laboral con sus trabajadores.

“El espíritu de la norma era el resguardo del empleo y de las pymes, por lo tanto, resulta inaceptable que mientras empresas pequeñas están haciendo grandes esfuerzos por pagarles los sueldos a sus empleados, empresas grandes se aprovechen de la contingencia y no pongan de su parte para enfrentar la crisis”, asegura.

“Queremos hacer hincapié en lo que están haciendo aquellas que no tienen problemas de liquidez, como es el caso de Ripley, que además han tenido un aumento considerable de sus ventas por internet“, dijo Soto.

Al respecto, el abogado Julio Contreras detalló que es, precisamente, la Dirección del Trabajo quien debe velar por el correcto cumplimiento de la norma. De forma que “puede fijar responsabilidades penales y administrativas para aquellas empresas que se aprovechen de la ley, o derechamente, adulteren la información entregada al Estado”.

“La ley establece un filtro con responsabilidades penales importantes con multas para las empresas, pero eventualmente, si algún representante está entregando información falsa respecto de trabajadores -que se diga que se suspendió por mutuo acuerdo la relación laboral y finalmente no fue así- puede arriesgar sanciones más duras, ya que se configura como delito falsear los datos”, concluyó el académico.