Míticas comadrejas en la política nacional

Alejandro Navarro, Juan Ignacio Latorre, Alfonso Urresti, Yasna Provoste y Ximena Órdenes, son senadores de la República que al asumir sus cargos han prometido respetar la Constitución. Con la complicidad de la mesa del Senado han presentado al poder legislativo un proyecto de ley que contraviene la Constitución que han jurado respetar y compromete severamente las finanzas futuras del Estado. Algunos parlamentarios han establecido la práctica de plantear proyectos -a sabiendas inconstitucionales- creando innecesarias tensiones entre los órganos del Estado y afectando su prestigio y credibilidad, sin sanción. Enmascarados detrás de barbijos con la inscripción “No + AFP”, frente a la prensa proponen la dictación de una ley que derogue la actual ley de pensiones y cree una nueva institucionalidad, iniciativa que es de prerrogativa del poder Ejecutivo.

En uso de otra práctica muy habitual, que es la de abusar de las palabras, con el propósito de enmascarar el fin último perseguido, hablan de “nacionalizar” los fondos, sin perjuicio que eso no está dicho en el proyecto de manera explícita, pues en su artículo 9° se establece que los actuales afiliados mantienen la propiedad nominal de sus saldos individuales, pero no explicitan qué hará el Estado con esos dineros, ni como asegurará su crecimiento futuro, ni la relación entre las futuras cotizaciones y la rentabilidad de las cuentas y las pensiones futuras. Lo que están proponiendo es implícitamente una apropiación indebida de los fondos sin ninguna certeza respecto del futuro para los actuales ahorrantes, ni para los futuros cotizantes, encubierta detrás del concepto comadreja de “nacionalización”. Hablan de beneficios definidos, sin aportar artículos en esa dirección salvo por la pensión Básica Universal cuyo monto queda determinable en el artículo 2°, y señalan que se promueve un uso más racional de los fondos, lo que tampoco está contenido en su proyecto, salvo que se considere que establecer un monopolio de gestión estatal sin ninguna restricción de diversificación de los fondos, ni uso de éstos, ni de constitución de reservas, sea una forma más racional de administrar los fondos que la vigente en la ley actual. Mucho menos se comprometen con alguna medida que tienda a definir cómo serán las futuras pensiones, las que dejan al arbitrio del nuevo ente estatal creado. En definitiva proponen al país la firma de otro cheque en blanco.

El uso de palabras “comadreja” es una técnica ampliamente utilizada en la política y en el marketing, que la izquierda ha hecho suya y maneja de manera experta. Es la manera utilizada para crear la impresión de que se ha dicho algo que es importante, cuando en realidad se aprovecha la predisposición cognitiva de la audiencia para hacer una afirmación carente de contenido real.

El término “No + AFP” es un concepto comadreja. Es un concepto que dirige las miradas del público inadvertido hacia las administradoras y no a las verdaderas causas de pensiones insuficientes, cuando en realidad lo que se pretende, es hacerse de los dineros del sistema, pues nada se propone para resolver la insuficiencia. El eslogan acuñado por algunos de quienes justifican un cambio de sistema por otro más solidario “puesto que lo inadmisible sería tener pensiones miserables”, es también un eslogan comadreja orientado al mismo propósito final; hacerse de los ahorros de los trabajadores. Una vez desmantelado el sistema de capitalización individual, el objetivo es generar un flujo permanente de recursos desde los trabajadores y los empleadores hacia la política de turno, a través de un impuesto al trabajo asalariado. El proyecto considera subir las cotizaciones para pensiones hasta un 23%. Sin embargo, nada de lo que propone en el proyecto acabará generando mejores pensiones, pues no aborda los temas de fondo que causan hoy pensiones eventualmente inadecuadas. Sin embargo, hemos visto cómo la maniobra surte efecto propagandístico y ocupa las primeras planas de los medios.

Continuando con el lenguaje comadreja, se pretende hacer creer que, al pasar las pensiones a depender de una nueva institución estatal, esa dependencia y nueva administración las hará inmunes a los riesgos de los mercados, que señalan como causantes de las malas pensiones actuales, lo que ciertamente no será así. Los parlamentarios saben, que las pensiones dependen no sólo de la administración de los capitales, sino de la intermitencia de las cotizaciones, el monto de éstas, la rentabilidad de las inversiones si las hubiera, el empleo, los salarios, la edad de jubilación y la sobrevida después de ella. Su proyecto no destina una línea a resolver esos problemas y por tanto es un andamiaje comadreja, que sostiene que, al igual que en el mito nórdico, la comadreja podrá succionar el contenido del huevo sin quebrar la cáscara. No debemos olvidar que ese es en realidad un mito y no una realidad.

El proyecto es una propuesta comadreja de cabo a rabo, cuyo único propósito es promocional. La forma en que se promueve la iniciativa legislativa es engañosa; el proyecto no explicita intención alguna en la dirección de nacionalizar los fondos actuales, sino sólo administrarlos con un rendimiento garantizado de 2%, garantía al parecer asegurada por una reserva técnica invertida en obras públicas, expuestas seguramente a otras iniciativas comadreja del mismo corte de este proyecto, tales como “No + Tag”. No es éste el espacio para el análisis detallado del articulado del proyecto, pero no cabe duda, que éste es totalmente insuficiente para reemplazar el actual sistema de pensiones, son muchos los aspectos de un cambio que no están cubiertos (el proyecto sólo tiene 13 artículos) y demuestra claramente que los autores conocen que la iniciativa parlamentaria es inconstitucional y sin destino.